El reelecto representante por Magdalena, Eduardo Díaz-Granados, conservó su investidura que había sido demandada ante el Consejo de Estado.

El alto tribunal, con ponencia del magistrado Marco Antonio Velilla, negó la pérdida de investidura al no encontrar pruebas que demostraran una supuesta inhabilidad para ejercer su cargo.

Al congresista se le señalaba de haber gestionado negocios ante entidades públicas y de haber recibido créditos no reembolsables de Agro Ingreso Seguro (AIS).

De otra parte, en ponencia del magistrado Alberto Yepes, en otro proceso de pérdida de investidura contra el mismo congresista y por los mismos hechos, se precisó que la conducta no configura causal para decretar la muerte política.