El tsunami político creado por el encarcelamiento del hermano del jefe de la oposición, el expresidente Álvaro Uribe, siguió creciendo ayer luego de que éste emitiera una larga declaración en donde no solo descalifica pruebas de la Fiscalía contra Santiago Uribe Vélez sino que da a entender que su procesamiento tiene móviles políticos, de los que acusa al Fiscal y al Gobierno. El lunes de la semana pasada, la Fiscalía capturó en Medellín al hermano del expresidente por los delitos de concierto para delinquir por supuestamente hacer parte del grupo paramilitar los 12 Apóstoles, que sembró el terror en los años 90 en el municipio de Yarumal y otras zonas aledañas del nordeste antioqueño con una serie de crímenes en la mal llamada limpieza social y de supuestos simpatizantes de la guerrilla. Santiago Uribe también es investigado por el crimen del transportador Camilo Barrientos, ocurrido en 1994. En este sentido, el hoy senador Uribe dio a conocer un comunicado de 10 puntos, de los cuales el pasado jueves había dado a conocer el número nueve, el cual dedicó al presidente Juan Manuel Santos, acusándolo de que no respeta la separación de poderes, pues según él “en clara violación de la Constitución impuso la terna del Contralor, exige al Consejo de Estado anular la elección del Procurador, somete al Congreso con dinero, reclama ser el dueño de la chequera, exige una ley habilitante y una manera viciada para reformar la Constitución a fin de legalizar la capitulación ante la Farc, condiciona aportes a los alcaldes y gobernadores a que sean jefes de debate del plebiscito” y “manipula a las cortes para que le acepten todo sobre su disculpa del ‘hecho excepcional de la paz’”. Sin embargo, en el punto 10 del comunicado divulgado ayer Uribe dijo que “Santos ha informado desde hace meses, a amigos suyos del periodismo, la política e interlocutores del Acuerdo de Justicia con Farc, que mi hermano sería capturado”. También en este comunicado, Álvaro Uribe arremetió contra el fiscal Eduardo Montealegre calificándolo como “un político rabioso con capacidad de meter a la cárcel”. Agregó que el fiscal Montealegre no ha “ocultado su ira política contra todo lo que esté a mi alrededor”; en tanto que “sin investigación absuelve todo lo del actual Gobierno. Nuestro Partido, el Centro Democrático, ha denunciado sus abusos para dilapidar el patrimonio público, lo que ha enervado aún más su soberbia”. En cuanto a la detención de su hermano, el exmandatario dijo que el fiscal Montealegre “ha cambiado el radicado del caso para direccionar la investigación. Ordenó directamente la captura de Santiago. Ofrece como garantía una invitación como observador a Human Rights Watch, que no es competente y cuyo director tuvo serios enfrentamientos con mi persona. Montealegre defiende y legitima la impunidad en el acuerdo con Farc, e invita a Human Rights Watch a observar el caso de mi hermano, todo para congraciarse con esta entidad, que ha criticado severamente la impunidad en el referido acuerdo”. Añadió el senador Uribe que “el Fiscal, cuando le conviene, no respeta la autonomía de los fiscales. En épocas electorales se ha valido de paramilitares presos por mi Gobierno y de un magistrado de Justicia y Paz, exguerrillero, quien anticipó el ataque al Palacio de Justicia, todo para hacer daño electoral”. En tanto que Uribe también se ‘despacha’ contra el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, de quien dice que “hace méritos para sus aspiraciones de suceder al actual a través de perseguir a los integrantes de nuestro Partido y de mi familia”. Remata diciendo que “Perdomo, con el Fiscal General y el Fiscal del caso, han tenido como propósito encarcelar a Santiago”. De igual forma el exmandatario pone en duda la independencia del último fiscal que ha conducido el caso de su hermano, Carlos Mejía. De éste dice que trabajó en la Corte Suprema con magistrados “declarados enemigos de nuestro Gobierno como María del Rosario González, que me acusaba de querer matarla”. Añadió que Mejía no hace respetar su autonomía, “cumplió la orden superior contra mi hermano, como lo dijeron quienes hicieron efectiva la captura”. Los testigos Álvaro Uribe descalifica en su extenso comunicado a los principales testigos que tiene la Fiscalía y destaca que su hermano es una persona de bien. “Santiago ha sido buen ciudadano, hijo, hermano, esposo, padre y amigo. Sobrevivió milagrosamente a una herida de fusil por parte de Farc, que le perforó un pulmón, en 1983, en el mismo intento de secuestro al que mi padre se opuso y fue asesinado por la organización criminal. El Eln le destruyó una pequeña finca en la Unión, Antioquia, acusándolo de ser mi hermano, durante mi ejercicio de Gobernador. En el mismo período fue destruido lo que quedaba de la hacienda Guacharacas, que tuvo que ser vendida con una enorme pérdida patrimonial para nuestra familia. Los negocios de Santiago son sencillos y pequeños, como sus bienes, todo ampliamente conocido”. El expresidente sostuvo que su hermano “hoy preso político, ha comparecido a todas las citas de la justicia desde 1996. Fue beneficiario de un auto inhibitorio en 1999, confirmado en el año 2000 y revocado en 2010. Ha soportado 20 años de persecución y de tortura por ser hermano mío”. El expresidente dice que los delitos reseñados sucedieron antes de su ejercicio como gobernador de Antioquia, que se inició en enero de 1995. “El nombre de Santiago fue mencionado como autor de esos delitos en 1996, nunca antes. Para acusarlo solamente tenía la connotación de ser mi hermano”. Alexánder Amaya es el primer testigo al que el expresidente Uribe hace referencia. Indica que el entonces policía en 1991 asesinó a la novia por supuesta infidelidad. “En 1994 cometió un doble asesinato, en la huida asesinó a otro policía y a la mujer que lo acompañaba. Condenado a 50 años de prisión. Fue testigo sin rostro contra Santiago y pedía rebaja de la condena en un 66% y traslado de sitio de reclusión. Menciona a Santiago como uno de los presuntos jefes de los Doce Apóstoles, lo describe con errores protuberantes. La Fiscalía desestima la pretendida negociación y en primera y segunda instancia dicta auto inhibitorio a favor de Santiago”. Añade que Amaya en indagatoria de 2013, “excluye a Santiago de responsabilidad en el crimen de Camilo Barrientos”. A renglón seguido el senador Uribe se ocupa del mayor (r) Juan Carlos Meneses, el llamado testigo estrella de la Fiscalía contra Santiago Uribe. Meneses fue comandante de la Policía de Yarumal durante tres meses en 1994, y asegura que durante ese tiempo colaboró con las actividades ilegales de los 12 Apóstoles, de quienes dice que Santiago Uribe era uno de sus integrantes. El expresidente dice que Meneses fue removido de la Policía por narcotráfico. Ordenaron reintegrarlo por fallas de procedimiento y se retiró voluntariamente en 2004. Añade que tras ser reintegrado por fallas en el procedimiento luego se retiró por voluntad propia de la institución. Añade Uribe que Meneses luego fue “protegido por Chávez y Maduro en Venezuela… por coordinación de Javier Giraldo, sacerdote, y Daniel Prado Albarracín, abogado de Petro, declaró en Argentina a Pérez Esquivel en contra de mi hermano”. Dijo también Uribe de Meneses que “en declaraciones ante la Fiscalía y la Corte Suprema, promovidas por el magistrado auxiliar Iván Velásquez y el abogado Prado Albarracín, acusó a Santiago, cuando nunca lo mencionó en sus declaraciones de 1999 y 2000, como integrante de los Doce Apóstoles”. Reseña el expresidente que Meneses “estuvo en Venezuela hasta 2014 cuando se entregó a las autoridades con un show de algunos medios colombianos que informaban, en plena campaña electoral, que traía información fundamental contra mi hermano y mi persona”. Aseguró también Uribe que “nunca aceptamos la oferta de Meneses, enviada por miembros de la Policía, en 2013, de retractarse a cambio de que retiráramos las denuncias por falso testimonio. La investigación anunciada por falso testigo parece no haber avanzado, al contrario, a Meneses se le da crédito en esta farsa cruel”. Uribe Vélez también pone en duda la idoneidad de otro de los testigos en el caso de su hermano, como es Eunicio Alfonso Pineda Luján, quien en 2013 declaró contra Santiago Uribe. “Posteriormente se demuestra en historia clínica que es un enfermo mental ya que padece esquizofrenia. Entre los síntomas constatados se destaca que escucha voces que le dan órdenes, que tiene conversaciones con el diablo y deseos de atentar contra su familia. Ha tenido episodios de hospitalización psiquiátrica”, asegura el exjefe de Estado. Añadió que Pineda Luján no compareció a una evaluación que debía practicarse en Ecuador. “En declaración en España trató en vano de corregir ‘los enredos’ de la declaración de Chile; incurrió nuevamente en múltiples contradicciones. A pesar de su estado mental, Medicina Legal diagnostica que no padece esquizofrenia sino un estrés postraumático, que nunca ha sido acreditado”. Dice también que este testigo ha sido mantenido económicamente en Colombia, Ecuador, Chile y en Europa por el padre Javier Giraldo, “sacerdote que acusa permanentemente a mi hermano y a mí, y por ONG europeas de izquierda y declaradas enemigas mías”. Finalmente el senador Uribe dijo que “algunos paramilitares, presos o extraditados por mi Gobierno, han dicho no saber de mi hermano Santiago. Alias Don Mario, llevado a la cárcel por expresa insistencia mía como Presidente, ha dicho que le escuchó a los hermanos Castaño Gil, muertos, que mi hermano intervenía en grupos paramilitares”. Sus enemigos Uribe Vélez también reseña varios abogados y sus ayudantes, que según él son “protectores de la guerrilla y declarados enemigos míos”. Nombra a Daniel Prado, abogado de Gustavo Petro. “Prado Albarracín ha participado con el Colectivo de Abogados, entidad que ha engañado al Estado con falsas víctimas y de clara orientación pro Farc”. También hace referencia al sacerdote Javier Giraldo, de quien dice es un “difamador de profesión. La Fiscalía le teme, no ha sido capaz siquiera de tramitar acusaciones en su contra. Giraldo se encarga del patrocinio económico de testigos en Colombia y en el extranjero”. También Uribe hace referencia a “una ONG europea pro Farc, que se escuda en los Derechos Humanos y en la protección de las víctimas. Ayuda a sostener falsos testigos como Pineda Luján”; así como a la dictadura de Venezuela, “especializada en proteger terroristas y falsos testigos como Rafael García, Meneses”. Finalmente el exmandatario se refiere a Iván Velásquez, “soterrado enemigo mío desde la universidad, animado por su disimulado izquierdismo. A pesar de haber sido testigo presencial de mi sinceridad se dedicó a ofrecer beneficios a presos para que me acusaran”; y el Premio Nobel, Adolfo Pérez Esquivel, de quien dijo está “al servicio del terrorismo, protector de falsos testigos”.