Con la apertura de dos procesos de responsabilidad fiscal,  la Contraloría General avanza en el control a la multinacional Drummond Ltda. por incumplir acuerdos pactados, aparente daño patrimonial y pago de regalías.

Así lo dio a conocer ayer la propia contralora General, Sandra Morelli, quien indicó que uno “tiene que ver con la ampliación del derecho de concesión sobre la línea de playa que se hizo en 1997. Se incrementó notablemente respecto de lo que eran las condiciones originales, pero no se incrementó la tarifa. De tal manera que habrá un cobro retroactivo”.

Por este proceso tendrá que pagar 113.000 millones de pesos, pues la extensión la línea del muelle del cargue de barcazas pasó de 150  a 589 metros. “Esta es una de las pesquisas por responsabilidad que se inició el año pasado por la ampliación”, añadió.

De otro lado, la Contralora explicó que también se investiga a Drummond por exceso de calado de las naves y que generaría un daño fiscal por más de 20.000 millones de pesos.

La Contralora aclaró que la multinacional de carbón se había comprometido “a un máximo de 70.000 toneladas, pero la última auditoría nuestra estableció que tiene buques de 160.000 toneladas, lo que produce un daño fiscal por 20.000 millones de pesos”.

“Es un proceso que no puede implicar exclusivamente a la Drummond toda vez que es un actor junto con otros muchos  actores que concurren a la actividad económica en la bahía”, dijo Morelli.

De tal manera “que en esta actuación hay ilegalidad de su parte. Además, el Estado ha actuado sin tomar consideración de sus sistemas otorgando licencia de manera fuera de contexto, sin tener en cuenta que hay muchos otros factores. De tal manera que los términos llevan la autorización hasta los topes máximos”.

Al parecer, los supervisores del puerto American Port, que maneja la Drummond, también serían investigados por no tomar las medidas correspondientes, y entre ellos están Mario Vergel, Jesús María Caballero, Fernando Alberto Hoyos y Rafael Emiro Sanguino.

A todo ello se le suma que el organismo de control abrió un proceso porque debe al país cerca de 50.000 millones de pesos en regalías. La suma está actualizada a diciembre de 2012, por lo que aumentará.

Cabe recordar que recientemente el Ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta Medina, afirmó que respaldará las decisiones que tome el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, y la Autoridad Nacional de Licencias Ambiental sobre la situación de la empresa Drummond.

“Como Ministro de Minas y Energía propendemos por el desarrollo de la actividad minera, porque contribuye al crecimiento, al desarrollo y a la generación de empleo e ingresos, pero no a cualquier precio”, afirmó Acosta Medina.

Además, agregó que aunque una eventual parálisis de la actividad de cargue afectaría las metas de producción y exportación de carbón para el 2014, e impactaría el ingreso de divisas, ingresos, regalías y recaudo de impuestos, "primero es lo primero y ante todo está la sostenibilidad ambiental".

Acosta afirmó que el cargue de carbón mediante el sistema de barcazas entraña riesgos de contaminación y prueba de ello fue el derrame de 500 toneladas de carbón al lecho del mar que se produjo hace ya casi un año, razón por la cual fue sancionada la empresa Drummond por parte del Ministerio del Ambiente.