Drogas: Colombia pide oir a la sociedad civil | El Nuevo Siglo
Lunes, 11 de Enero de 2016

Durante una serie extraordinaria de sesiones que realizó en diciembre la Comisión de Estupefacientes de cara a Ungass 2016, el viceministro de Política Criminal, Carlos Medina, pidió que se le valoren seriamente los nuevos abordajes que ofrecen la sociedad civil organizada y los organismos internacionales para enfrentar el problema de las drogas.

El alto funcionario señaló que Colombia y los países que lo acompañan para buscar un viraje en las estrategias actuales, no quieren una única propuesta, sino que buscan que se abra la discusión en donde sean evidentes los puntos de vista opuestos. “En esta discusión no debemos ocultar las diferencias y las tensiones sobre cómo responder a este desafío común, son necesarios”, mencionó.

El viceministro, además, dijo ante los miembros de la Comisión que el propósito de Colombia no es desconocer las convenciones que rigen la lucha contras la drogas, ni forzar su modificación. Por el contrario, lo que se pretende es asegurar que independientemente del camino que se tome, se protejan la salud y el bienestar de las personas. “Insistimos: no avanzaremos de manera unilateral, pero haremos todos los esfuerzos para humanizar y hacer más eficiente la política actual”.

“No queremos más muertes, más violencia, más consumo o más criminales lucrándose. Por ello debemos replantearnos seriamente la utópica meta de un mundo libre de drogas”, afirmó Medina y continuó: “Con la autoridad moral que nos dan las cientos de vidas de compatriotas perdidas en esta lucha, Colombia hoy reclama un verdadero cambio en la política mundial de drogas”.

Frente a los 53 delegados que debatieron en Viena sobre la política internacional de drogas el alto funcionario señaló que si bien algunos países pueden darse el lujo de mantener sin modificaciones una política que no ha dado los resultados esperados, apostando a una guerra sin victorias, Colombia no puede hacerlo pues hoy se propone terminar el último y más antiguo conflicto armado del hemisferio occidental, lo cual exige una política de drogas acorde con este objetivo.

Medina señaló que la paz es el bien supremo de una sociedad y la razón de ser de las Naciones Unidas. "No evadamos esta responsabilidad y demos paso a una política de drogas más humana y eficaz", aseguró. Al tiempo, añadió que los líderes del mundo no pueden seguir “como avestruces que ocultan su cabeza en la arena”, aferrados a unas estrategias que no han logrado sus objetivos.

Los Estados tienen una deuda pendiente frente a consumidores y pequeños eslabones del narcotráfico

De otra parte, durante el evento especial ‘Ungass 2016 el problema mundial de las drogas: Enfoque en las personas, la salud pública y los Derechos Humanos’, cumplido también este miércoles en la capital austríaca, el Viceministro Medina señaló que sólo uno de cada seis consumidores problemáticos de drogas tiene acceso a tratamiento. "Un importante número de usuarios sigue perdiendo la vida por situaciones que son fácilmente prevenibles, y millones de estas personas no pueden acceder a medicamentos esenciales para el control del dolor”, manifestó.

El alto funcionario agregó que la resistencia de algunos países para adoptar un enfoque de reducción de daños ha puesto en riesgo a las personas que usan drogas inyectables, e informó que sólo en 2013, 1,65 millones de personas que consumían estas sustancias estaban diagnosticadas con VIH.

El viceministro aseguró que la guerra contra las drogas ha invisibilizado las problemáticas sociales de centenares de personas, que por su estado de vulnerabilidad han terminado cooptadas por las mafias: “Tenemos cultivadores que están muy cerca de la línea de la pobreza, correos humanos que son cargados con drogas para suplir los polos de demanda, campesinos bajo la presión del crimen organizado y habitantes de barrios marginados usados por las redes del narcotráfico, y la única respuesta por parte de los Estados ha sido el uso del derecho penal”.

El representante de la delegación colombiana señaló que estos resultados de la aplicación del régimen actual obligan a tener una discusión franca y abierta sobre la política de drogas.