El informe sobre derechos humanos, revelado el jueves por el Departamento de Estado norteamericano, aunque señala que "persiste una alta tasa de impunidad", reconoce avances en temas de derechos humanos gracias a una política que ha adelantado el vicepresidente Angelino Garzón, declaró ayer el embajador colombiano en Washington, Luis Carlos Villegas.
El informe “también señala debilidad en temas de impunidad”, anotó, señalando que eso es “algo que el presidente Santos ha reconocido”.
“Uno quisiera que el informe no existiera, pero reconoce avances que provienen de una política que se ha hecho bien y debilidades en las que debemos trabajar a futuro”, agregó.
Sin embargo, precisamente el vicepresidente Garzón recibió las manifestaciones del gobierno de Estados Unidos en forma muy crítica.
Tras expresar que el Gobierno norteamericano "nos mira con otros ojos, los del pasado", se preguntó: "¿Quién autorizó a Estados Unidos a mirar el tema de los derechos humanos en Colombia? Nadie. Es una intromisión en nuestros asuntos internos".
En cambio, sostuvo Garzón, si a Estados Unidos otros países le analizaran su situación de derechos humanos es posible que "no saldría bien parado", refiriéndose explícitamente a las personas privadas de la libertad en la base estadounidense de Guantánamo, en Cuba.
La queja del alto funcionario se enfocó en un reclamo para que gobiernos y organizaciones miren a Colombia "con ojos de presente y de futuro", reconociendo los esfuerzos de la actual Administración para consolidar la democrática, impulsar el desarrollo económico, disminuir la pobreza y respetar los derechos humanos.
El vicepresidente argumentó que "no hacemos una política de derechos humanos para dar gusto a Estados Unidos o a la ONU, sino para consolidar Colombia como un país en progreso".
Como lo publicó ayer EL NUEVO SIGLO, a los problemas de impunidad e ineficiencia del sistema judicial, considerados como los obstáculos más graves para el ejercicio de los derechos humanos en Colombia, el informe del Departamento de Estado suma el desplazamiento forzado, la corrupción y la discriminación social.