Se trata del subintendente José Antonio Ochoa y el patrullero Luis Alexander Blanco, quienes habrían recibido cinco millones de pesos de una mujer para que no arrestaran a su esposo por porte ilegal de armas.

Los hechos materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, se registraron en diciembre de 2011, en la localidad de Bosa, en el sur de la capital del país, cuando retuvieron a un hombre que al parecer portaba un arma de fuego sin licencia.

Luego de que el individuo fuera detenido, la esposa del hombre recibió varias llamadas telefónicas en las que le pedían cinco millones de pesos para no judicializar a su esposo y permitirle la libertad.  Más tarde, identificó a través de retratos hablados a los individuos de quienes dijo le habían recibido 500 mil pesos que le prestaron.