Ayer se cumplieron dos meses de que se iniciara el paro judicial, paralizando a buena parte del sistema, por lo que las diligencias, denuncias que se han dejado de recibir y los procesos que están frenados se cuentan por miles.

A pesar de que solo falta por acordar con el Gobierno un punto de los siete que para los trabajadores motivaron el paro y que la puerta está abierta al diálogo, al día de ayer no había solución a  la vista con el agravante que al final de la próxima semana por norma arranca la vacancia judicial en buena parte de la rama, es decir, las vacaciones colectivas, que se extenderán hasta la segunda semana de enero de 2015.

En ese sentido y de no lograr el Gobierno un acuerdo de aquí a la próxima semana con uno de los sindicatos de Asonal que agrupa a parte de los trabajadores de la rama y que citó al paro, del CTI y del Inpec, el país vería paralizada su justicia por lo menos por tres meses.

De esta forma el actual paro en la rama supera de lejos al que se produjo en 2012, que alcanzó a durar 45 días, levantándose pocos días antes de que arrancara la vacancia judicial.

A este gris panorama se suma la operación reglamento que adelantan los cerca de 800 guardianes del Inpec, lo que no ha permitido adelantar cerca de 1.200 remisiones a diligencias judiciales así como el ingreso de nuevos reclusos a las cárceles.

El punto que falta por acordar entre el Gobierno nacional y el sindicato de Asonal, CTI y el Inpec es que la bonificación salarial sea tenida en cuenta como factor salarial.

Sin embargo no toda la rama está paralizada porque como se dijo anteriormente es uno  de los dos sindicatos de Asonal el que se fue a paro, no obstante, en buena parte de las instalaciones judiciales los huelguistas impiden el ingreso de los que quieren laborar.

María del Pilar Arango Hernández, directora Ejecutiva del Observatorio Nacional Permanente para la Administración de Justicia, el cual no está de acuerdo con este paro, explicó a EL NUEVO SIGLO que “en Bogotá hay unos edificios todavía cerrados y que realmente en el país lo que queda del paro inicialmente de un 30% va en un 20%”.

Añadió que en la capital del país “hay unos edificios grandes que están todavía cerrados por el sindicato de Asonal Judicial que preside Freddy Machado. Entonces en general los jueces quieren ingresar, pero no se les permite el acceso”.

Sería injustificado

El Gobierno por intermedio del ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, llamó ayer a los trabajadores de la justicia a retornar a sus labores y además consideró como injustificado  el cese de actividades. "Es totalmente injustificado mantener un paro que afecta los ciudadanos, cuando el requerimiento desde el punto de vista laboral se está atendiendo adecuadamente".

En ese sentido consideró que la principal razón esgrimida para el paro era la continuidad de los despachos de descongestión, tema que ya fue garantizado  por el Gobierno. “Esa era la principal causa de esta movilización, debería existir la normalidad y nuestro llamado permanente a todos los jueces y fiscales de la República es a que se reincorporen a la prestación del servicio”, resaltó Martínez.

Agregó que el Gobierno Nacional y el Consejo de la Judicatura han tenido "el mejor interés (…) en resolver esta situación, de hecho los recursos necesarios para que el programa de descongestión continuara su marcha se apropiaron en su oportunidad, el 15 de noviembre, no se interrumpió ese servicio".

Néstor Humberto Martínez, quien fue ministro de Justicia, dijo también que "nosotros hemos estado hablando permanentemente con los sindicatos, ellos conocen nuestra opinión y es que hay unas limitaciones de carácter fiscal para incrementar los salarios". En ese sentido aseguró que "la opinión pública debe tener claro lo siguiente: este sector de Asonal judicial está pidiendo incrementos en la nivelación de los salarios públicos y resulta que tenemos un plan suscrito entre el 2014 y el 2018 que va a permitir que los salarios en la justicia crezcan en un 59%, no hay ningún otro sector público en donde los incrementos salariales sean de ese nivel".

La semana anterior, las altas Cortes pidieron levantar el paro por las consecuencias negativas para el desarrollo de la actividad de la Rama. El presidente de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Correa,  dijo que “la sala administrativa invita a Asonal a levantar el paro, a reintegrarse a las labores y a dejar trabajar a los demás servidores, al tiempo que exhorta al Gobierno a sentarse con los trabajadores para escuchar sus peticiones”.

De su lado, el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Luis Ernesto Vargas, dijo que "manifestamos de manera clara y contundente nuestro rechazo enfático a la prolongación del cese de actividades porque creemos que se está haciendo un gravísimo daño a la sociedad y a la democracia colombiana con la prolongación de este”.

En tanto que el pasado martes por medio de un comunicado la Corte Suprema de Justicia pidió al Gobierno y a Asonal alcanzar un acuerdo “pues resultan altamente nocivos los efectos que causa a la comunidad en general la suspensión del servicio de la Administración de Justicia, que ya lleva más de 50 días”.