Hurto, tráfico de estupefacientes, fabricación, tráfico y porte de armas, homicidio, delitos sexuales, extorsión, lesiones personales, secuestro, delitos ambientales, mineria ilegal y corrupción son las principales conductas delictivas que han afectado al país durante el presente año. 

Para prevenir estas actuaciones, la Fiscalía ha emprendido una serie de hechos que se han enfocado en el manejo de las nuevas políticas de priorización y contextualización que la entidad desarrolla desde el 2012 y que ha llevado a que en las 35 seccionales (incluida Bogotá) se hayan realizado 116.083 imputaciones que afectaron a 106.682 personas. 

Para Luis González León, director nacional de Seccionales y de Seguridad Ciudadana, en este trabajo, que vincula a las nuevas direcciones seccionales instauradas en todos los departamentos del país, han sido identificadas 1.005 organizaciones delictivas conocidas como bacrim, de las cuales la Fiscalía ha golpeado en las regiones a 624 de estas entidades. 

El microtráfico, con 242 organizaciones; hurto, con 150 grupos; la extorsión, con 70 entidades; bandas dedicadas al homicidio , con 70 cuadrillas, y la minería ilegal, con 12 bandas, corresponden al número de entes criminales que recibieron el impacto de la actuación de la Fiscalía en el país durante el 2014. 

La cifra, que corresponde al 62,08 por ciento del total de organizaciones identificadas contra las que se está trabajando, representa el accionar que dejó en la cárcel a 5.069 personas presuntamente integrantes de las bacrim, de las cuales 4.375 fueron cobijadas con medida de aseguramiento y 712 están en libertad. 

En cuanto a las imputaciones, 26.938 personas se vieron afectadas por hurto; 24.895, por tráfico de estupefacientes; 11.697, por fabricación, tráfico y porte de armas; 6.533 por homicidio; 4.448, por delitos sexuales (71,67 por ciento por agresiones a menores de 14 años); 5.871, por lesiones personales; 720, por secuestro, y 35.758 por otras conductas delictivas. 

El cáncer de la minería ilegal 

En el mismo sentido se pronunció Danny Julián Quintana, director nacional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, al hablar específicamente de la minería ilegal y los delitos contra la propiedad intelectual. 

Quintana afirmó que la acción de la Fiscalía no está dirigida exclusivamente contra los operarios que ilegalmente extraen minerales como oro o wolframio, componente del coltan, por ser quizás la principal fuente de ingresos de las bacrim. En este momento, se está trabajando contra los cabecillas de estas bandas. Por eso, diez personas líderes delictivas están siendo procesadas y otras 150 han sido vinculadas por conductas penales contra el medio ambiente. 

La corrupción administrativa puede afectar notablemente a los funcionarios dedicados a la entrega de permisos para explotación minera y licencias ambientales. Este es quizás uno de los focus que está atacando la Fiscalía. 

Sin embargo, existen otros mecanismos identificados por la Fiscalía que las bandas de minería ilegal usan. Titulaciones falsas, permisos apócrifos otorgados en ministerios y otras entidades locales, desplazamiento forzado de los titulares y la explotación en zonas de reserva y vecinas a las cuales entran amenazando para proteger a los mineros ilegales son los medios más usados por las bacrim para apropiarse de este negocio. 

Al mismo tiempo, Quintana explicó que la Fiscalía realizó 25 macroincautaciones de piezas en casos de investigaciones relacionadas con delitos contra la propiedad intelectual. Cada uno de esos casos conllevó a que se recuperaran entre 1.000 y 4.000 piezas correspondientes entre otras a obras de arte.