Medidas que serán solicitadas ante los jueces de garantías una vez se levante el paro judicial, tiene listas la Fiscalía en el caso de los delitos cometidos en la liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), le confirmó Eduardo Montealegre, jefe del ente acusador a EL NUEVO SIGLO.

“Ya estamos preparando solicitudes judiciales ante los jueces de control de garantías contra altos funcionarios de la Dirección Nacional de Estupefacientes”, precisó Montealegre, tras hacer un balance de medidas adoptadas por la Fiscalía que dijo, han permitido que haya “personas condenadas por delitos contra la administración pública, contra la administración de justicia. Ya hay condenas”.

Reiterando que “en este momento hay imputaciones contra varias personas de la DNE y hay algunos casos que ya están en juicio”, así “como medidas que va a tomar la Fiscalía General una vez se levante el paro”, Montealegre anotó a petición de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha fortalecido su Cuerpo Técnico de Investigación, duplicando los miembros que trabajan con el alto Tribunal.

“Y uno de los planes es que esta duplicación de investigadores esté destinada a impulsar los casos, como por ejemplo la eventual responsabilidad de parlamentarios en caso de la Dirección Nacional de Estupefacientes”, precisó el Fiscal, haciendo referencia a la conformación de lo que los medios denominaron un cuerpo élite de fiscales, magistrados auxiliares e investigadores.

Este grupo especial se dedicará prioritariamente a seguirle el rastro a algunas investigaciones, paquete que incluye, además del DNE, el carrusel de las notarías y la parapolítica.

La decisión de agilizar esos procesos implica que, dado el caso, la comisión pueda pedir en cualquier momento apoyo adicional de investigadores, fiscales y magistrados que hacen parte de otros grupos de investigación.

Igual acontece con la defraudación, caso en el que “ya hay varias personas condenadas” y para cuyo avance “lo que he hecho es reforzar las unidades que investigan el tema y los graves problemas y desvío de recursos que se presentó en el sector de la salud. Nosotros ya tenemos preparadas muchas solicitudes de imputación y las presentaremos ante la justicia tan pronto se normalice la actividad judicial”.

Populismo punitivo

En la charla del fiscal Montealegre con este Diario, el alto funcionario consideró que el denominado populismo punitivo “es una de las políticas criminales más perversa que ha existido en las últimas décadas en Colombia”.

“Creo que en el derecho penal, uno de los grandes debates que se ha dado, de críticas a las políticas criminales de los Estados”, debate “que ha surgido en Europa, que han dado importantes juristas principalmente en Alemania, es el de la figura del derecho penal simbólico, que significa reducir las políticas criminales a hacerle creer a la ciudadanía que se está luchando contra la criminalidad, cuando en realidad no son políticas realistas para enfrentar a la criminalidad”.

Con ese tipo de medidas como el incremento de penas “son políticas que no enfrentan la criminalidad, sino que son políticas destinadas a hacerle creer a la opinión pública que se está luchando contra la criminalidad. Y lo que se hace es reducir la política criminal al aumento de penas, entonces existe una política criminal facilista, que es simplemente aumentar penas como respuesta a la criminalidad”.

“Colombia desafortunadamente en los últimos años ha entrado en la senda del populismo punitivo de reducir la política criminal al aumento de penas para tranquilizar a la ciudadanía”, comentó Montealegre.

Para el Fiscal, “otro elemento perverso es lo que llamamos un derecho penal máximo a un derecho penal maximalista, es decir: como no se pueden resolver los problemas sociales con verdaderas políticas públicas, entonces el Estado acude a la criminalización”.

“También una política criminal dispersa, no coherente, en el sentido de que cualquier coyuntura social se resuelve por medio de la nueva tipificación”, agregó.

De acuerdo con el fiscal Montealegre, “estamos permanentemente subiendo penas, permanentemente disminuyendo garantías en los procesos, permanentemente aumentando la tipificación de los delitos con un sistema penal que no puede dar respuesta a la criminalización permanente”.

“Entonces lo que hace la política criminal es hacer populismo punitivo y el gran costo lo asumen los fiscales y jueces que, debido a esa criminalización, la ciudadanía dice que los fiscales no responden y que los responsables de la impunidad son los jueces”.

“Esa es una política a bandazos. Y cuando vemos que nos damos cuenta que el sistema penal no puede responder, como no lo puede hacer ningún sistema del mundo viene la contrarreforma en el sentido que hay que hacer una reforma carcelaria, porque entonces hay que soltar a los presos que se detuvieron como consecuencia de este populismo punitivo”, explicó.

Después de esa exposición, era consecuente que el fiscal Montealegre dijera que “bajo ningún punto de vista” estaba de acuerdo con la cárcel para conductores borrachos. “Creo que en Colombia no hay condiciones para poder tipificar como delito la sola conducción el estado de embriaguez”, anotó.

“El país debe entender que no todos los problemas sociales se tienen que resolver por medio del derecho punitivo. Lo más nefasto para el país es que sigamos pensando que todos los conflictos sociales tienen que resolverse por medio del sistema penal”, concluyó.