El senador indígena Marco Avirama, de la Alianza Social Independiente (ASI), dijo que a un par de meses de cumplirse dos años de sancionada la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y tras quince meses de expedidos los decretos con fuerza de ley consultados con los pueblos indígenas y las comunidades negras, tanto las víctimas como los entes de control coinciden en señalar escasos resultados en la implementación de estas normas.
“Existe un rezago en la creación del registro único de victimas que, de acuerdo con la ley, debió haberse cumplido en junio del pasado año, lo cual imposibilita que se preste la ayuda humanitaria de emergencia, entre otros; existen nudos no resueltos en el tema de estabilización socioeconómica de las víctimas, no se garantiza el goce efectivo de sus derechos a la salud, la vivienda y el empleo digno”, reclamó el congresista.
Avirama agregó que el tema de protección no encuentra atención adecuada, “al punto que 50 personas vinculadas a procesos de defensa, restitución y reparación de las víctimas, han sido asesinadas desde la promulgación de la ley”.
Sin embargo, el senador nortesantandereano Juan Fernando Cristo, del Partido Liberal, al salir en defensa de la implementación de la Ley de Víctimas, consideró que “vamos bien, avanzando de manera satisfactoria aunque no tan rápido como quisiéramos los amigos de las víctimas ni tan mal como pretenden los enemigos de la Ley que ahora posan de defensores de las víctimas en La Habana, por ejemplo. Los caminos están adecuados, las tres instituciones que creó la Ley están funcionando ya en casi todo el territorio nacional”.
Cristo precisó que el esfuerzo con la aplicación de la Ley de Víctimas no lo había hecho antes ningún gobierno: “Es que estamos hablando de cinco millones de víctimas, de seis millones de hectáreas despojadas, cuatro millones de desplazados, estamos hablando de víctimas producidas durante 50 años en Colombia, y no podíamos pensar que en un año las íbamos a reparar”.