Sorprendió ayer  que el expresidente y senador electo Álvaro Uribe tuteara que “Petro dice que el presidente Santos le mintió. Presidente Santos, no se puede jugar a hacer trampas”.

En otro tuit, Uribe publicó un link en el que ya no comenta, sino que reproduce las quejas, conocidas por todos, en las que Gustavo Petro lamentó haber interpretado que el presidente Juan Manuel Santos acogería las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La posición adoptada por Uribe tras la decisión de Santos de ejecutar la destitución de Petro proferida por el procurador Alejandro Ordóñez contrasta con el comunicado emitido por el Centro Democrático horas antes, cuando la noticia era el otorgamiento de las medidas por parte de la CIDH: “El Centro Democrático solicita separar del cargo al Alcalde de Bogotá, nombrar al respectivo encargado y convocar a elecciones”.

En ese comunicado, tras argumentar que “Colombia no debe aplicar la medida cautelar decretada” por la CIDH debido a que “al alcalde de Bogotá nunca se le restringió el acceso a la función pública y tuvo todas las garantías para su elección y desempeño” y a que “la destitución decretada por la Procuraduría refiere a hechos del desempeño del alcalde”, el Centro Democrático consideró que “el ordenamiento interno de los países puede regular con autonomía las violaciones y sanciones al desempeño de responsabilidades públicas”.

Señalando que “las altas Cortes han aceptado que las medidas cautelares de la Comisión Interamericana son mandatorias cuando refieren exclusivamente a la protección del derecho a la vida, que nada tiene que ver en este caso”, la colectividad consideró en el comunicado que “en caso de prosperar la medida cautelar se crearía el riesgo de revocatoria de destituciones a un número aproximado de 700 servidores públicos de elección popular, con el consiguiente costo económico para el Estado”.