Hasta el 23 de diciembre próximo tiene el Gobierno nacional plazo para presentar al Congreso de la República un proyecto de ley mediante el cual se crea la superintendencia de educación, la cual tendrá la finalidad de garantizar el derecho a la educación, los fines constitucionales y legales de la misma, la autonomía universitaria, los derechos de los diferentes grupos de la comunidad académica, la calidad, eficiencia y continuidad en la prestación del servicio.

Así lo establece la Ley 1740 del 2014, por medio de la cual le entregaron los dientes al Ministerio de Educación para fortalecer sus facultades de inspección y vigilancia sobre las universidades.

En ese sentido, ya se está pensando en el Congreso en anticiparse al Gobierno y presentar dicho proyecto de ley estatutaria, como es el caso del Partido de La U, según anunció su copresidente, el senador Roy Barreras.

En ese sentido el presidente de la Comisión Primera del Senado e integrante del Partido de La U, Manuel Enríquez Rosero, señaló que “lo que ha hecho falta es una mayor coordinación entre las diferentes instituciones, de tal manera que una superintendencia que se encargue de vigilar de forma más cercana todo el tema de educación, que los recursos no se desvíen, me parece que sería bienvenido”.

En tanto que la vicepresidenta del Senado de la República, Nidia Marcela Osorio, del Partido Conservador, dijo que “a mí me parece una excelente propuesta, porque le cuento: yo estaba en el mismo sentido, fue entonces que se me adelantaron. Si usted se pone a observar, casi todas las entidades tienen una superintendencia que debe ser autónoma, que lo regule y que realmente esté monitoreando los procesos”.

El senador Alfredo Ramos, del Centro Democrático, consideró interesante la propuesta, porque “hoy el Ministerio de Educación está pasando gran parte de su tiempo revisando la problemática del día a día y no está teniendo tiempo para generar políticas para hacerle seguimiento a la mejora de la cobertura y la calidad”.

Sin embargo el senador Senén Niño, del Polo Democrático Alternativo y expresidente de Fecode, sostuvo que esa iniciativa es altamente inconveniente para la educación: “La superintendencia se crea normalmente para regular los negocios: la financiera, la de los servicios públicos. Pero regular un derecho fundamental como la educación, no lo veo viable”.

Por su parte el senador Jorge Robledo, también del Polo Democrático, mostró sus reservas frente a esta iniciativa “porque las universidades en Colombia tienen una autonomía que no puede ser violentada de ninguna manera”.

Robledo recordó que en la reforma que se aprobó se habla del tema de vigilancia y control y que allí hay aspectos contrarios a la autonomía de las universidades públicas, mientras no logra perseguir la corrupción en sistema de educación superior privada.

En tanto que el presidente de la Comisión Segunda del Senado, Carlos Fernando Galán, de Cambio Radical, dijo que “valdría la pena evaluar si es necesario o simplemente ejercer la vigilancia que tiene el Ministerio y que la tiene que ejercer”.