Una solicitud de nulidad del fallo de tutela proferido por la Corte Constitucional sobre el uso de la plaza La Santamaría, interpuso la Alcaldía de Bogotá al considerar que la Sala de Tutela del alto tribunal “al pronunciarse sobre el regreso  de las corridas de toros a Bogotá, modificó la jurisprudencia del alto tribunal en pleno”.

En caso de que se niegue la solicitud, se pidió una aclaración a la sentencia, pues no permitiría cumplir simultáneamente las órdenes de restituir de “manera inmediata” la plaza de toros y adelantar obras de reforzamiento y mejoras “en garantía de la seguridad, la salubridad y la tranquilidad” de los asistentes.

En el Palacio Liévano aseguran que “es claro que el fallo de tutela hace una errada interpretación de la jurisprudencia de la propia Corte que, en su búsqueda de restringir en mayor grado posible el maltrato a los animales, incluyó como condicionamiento que ‘se eliminen o morigeren en el futuro las conductas contra los animales’ y ello no quiere decir que por ya existir las corridas de toros ‘en el futuro’ se refiera a otras actividades nunca antes practicadas”.

Para la Alcaldía también se malinterpretó el concepto de ‘arraigo cultural’ de la actividad taurina, pues se refería a ‘arraigo humano’ y de ninguna manera puede interpretarse como ‘arraigo geográfico’ como efectivamente lo hizo la sala de tutela al referirse a las localidades que cuentan con una plaza de toros; habría otra mala interpretación del término de minorías, puesto que con el fallo pretenden adjudicarle a una ‘tradición cultural de las élites sociales bien integradas y dominantes’ como es el caso de los taurinos, pues la permisión del toreo en Colombia no es ni puede ser una norma de protección de los derechos humanos de una minoría.