Preocupados se mostraron los concejales de Bogotá al conocer del secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla, las alarmantes cifras que deberá pagar el Gobierno distrital por demandas, que en estos momentos debe afrontar la ciudad, por diferentes circunstancias, entre ellas el proceso del Relleno Sanitario Doña Juana en el que se deben pagar alrededor de 227.400 millones de pesos a más de 75.000 personas afectadas, aunque la sentencia no está ejecutoriada y el Distrito no cuenta con los recursos para cancelarle a las víctimas de esta demanda.
Las cifras se revelaron en el Concejo de Bogotá, durante el debate de control político el sábado y domingo, programado por la bancada del Partido Conservador sobre “Efectividad de la Defensa Jurídica de la Ciudad y Daño Antijurídico”, donde el concejal Ómar Mejía denunció que el Distrito afronta más de ocho mil demandas por valor de más de 14 billones de pesos que generaría una crisis económica en el Distrito.
Al conocer la revelación hecha por el Secretario de Hacienda del Distrito, Mejía dijo que “quedamos muy preocupados por esta situación. Unas pretensiones iniciales de cerca de 14 billones de pesos y solo han bajado a 12 billones. Ese es el presupuesto de la ciudad en un año” y se iría en pagar “eventualmente, si el Distrito perdiera estas demandas. Entonces la defensa jurídica debe ser muy rigurosa o fortalecerse de tal manera que la ciudad no se vaya a afectar”.
Por su parte y ante esta grave situación, el Secretario de Hacienda explicó que la actual administración optó por plantearle a la Procuraduría General de la Nación que se hiciera uso, por primera vez, de un instrumento conocido como incidente fiscal que pretende buscar los mecanismos más apropiados para cancelar la cifra determinada en esta sentencia que no tiene precedentes en las finanzas del Distrito y que no fuera en el momento que quede ejecutoriada porque el Distrito no tiene esa cantidad de recursos públicos.
Así mismo, Mejía cuestionó la labor que cumplen los abogados externos o de la administración y la forma como están defendiendo al Distrito. “Han entregado respuestas generales para no decir que superficiales y llaman poderosamente la atención estas cifras, porque da la impresión que el actual Gobierno distrital no está asumiendo la defensa jurídica de la ciudad de manera seria y eficaz”, argumentó Mejía, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Para solucionar el problema, mientras la administración espera la autorización de la Procuraduría, el Concejo seguirá en su labor de control político.