El flagelo de los llamados falsos testigos parece tomar fuerza en el país, según se ha indicado desde diferentes sectores, perjudicando no solo la aplicación de justicia sino involucrando a personas inocentes, que no son pocas las que hoy están en las cárceles por esta causa.

Precisamente el pasado martes, la Comisión Primera del Senado hizo un debate de control político convocado por el senador conservador Hernán Andrade, en donde el ministro de Justicia, Yesid Reyes, reconoció la dimensión del problema, frente a lo cual anunció que se presentará un proyecto de ley para incorporar en el Código de Procedimiento Penal una norma que obligue a los funcionarios judiciales a que en casos en que haya testigos beneficiarios de rebajas de penas o tratamiento alternativo, exista la obligación de recurrir a otros medios de prueba que permitan corroborar ese testimonio.

EL NUEVO SIGLOconsultó al abogado penalista Gustavo Moreno, quien ha investigado el tema de los falsos testigos. “Se puede  dar muchas soluciones a esa problemática que vive el país”, dijo.

En ese sentido indicó que la primera es judicializar a los falsos testigos, pero no solo a ellos sino a “las personas que fabrican, que se benefician con esos falsos testimonios, llámese funcionarios judiciales, abogados litigantes, representantes de víctimas, fiscales”.

Añadió que también es necesario “reformular la ley de recompensas. Para nadie es un secreto que el perfil de los falsos testigos en nuestro país en su gran mayoría son testigos confesos y ex profesos condenados a 50, 40, 30 años de prisión. Bandidos comunes que no tienen nada que perder y que se venden por cualquier tipo de prebendas, llámense traslado de cárcel, reducciones de penas”.   

Dijo que además “no se puede emitir capturas solo con declaraciones de testigos premiados, de arrepentidos. Por el contrario se requiere cualquier otro tipo de prueba que corrobore el dicho de ese arrepentido, porque no se trata de caer en el extremo de no escucharlos”. 

Por su parte el representante a la Cámara Germán Navas, dijo que “eso de recompensar a la gente por cumplir con su deber fue lo que prostituyó a la justicia en Colombia. Tuve la oportunidad de ser juez cuando el testimonio se valoraba y no se ofrecía prebendas a nadie porque confesara”.

En tanto que el exmagistrado de la Corte Suprema Jaime Arrubla Paucar, dijo que es un tema que hay que estudiar a fondo “porque ahora a todo el que condenan dice que fue persecución política o falsos testigos”.

Añadió que “la realidad es que tenemos un sistema que invita a la delación para obtener beneficios. Todo sistema basado en ese premisa se corrompe porque no falta el delincuente que para obtener beneficios, rebajas, se ponga a inventar cuentos”.   

Por ello, Arrubla dijo que hay la necesidad de revisar esas políticas criminales que se basan en incentivos por delación.

También indicó que es necesario “que el sistema judicial tome conciencia de esas circunstancias para que de la manera más estricta haga la valoración probatoria y proceda, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, a valorar todos esos testimonios porque si son falsos se delatan. La falsedad siempre aparece”.