Cuando se habla de que el hacinamiento carcelario en el país está acercándose a la cifra del 50%, eso quiere decir que en los centros de reclusión del país deberían estar aproximadamente 65 mil internos y no los 131. 900 que hay en la actualidad.

La realidad es que la infraestructura existente es deficiente y no ha crecido en la misma proporción del número de personas que a diario ingresan a estos centros.

El Parlamento se ha venido ocupando regularmente de hacer control político al actual Gobierno por el problema de superpoblación carcelaria, tanto que los tres ministros de Justicia que han pasado por el cargo han tenido que acudir a brindar explicaciones: Germán Vargas, Juan Carlos Esguerra y la actual funcionaria, Ruth Stella Correa.

La respuesta que por el momento el Gobierno ha dado es la construcción de seis megacárceles, que arrancarían en su construcción a principios del próximo año. También se prepara un proyecto de un nuevo código penitenciario y carcelario.

Igualmente, Correa indicó que se buscará acelerar la salida de internos por pena cumplida, que están represadas ante jueces de ejecución de penas.

En la otra orilla se han escuchado propuestas parlamentarias para atender el problema, que proponen, entre otras, parar la proliferación de proyectos que incrementan penas o establezcan nuevos tipos penales.

Otra iniciativa por estos días la hizo el senador Juan Manuel Corzo (Partido Conservador), quien anunció que presentará un proyecto para que con la mitad de la pena cumplida la persona salga de prisión. “Estamos en un problema difícil y son seres humanos pese a que se hayan equivocado, o que el Estado no les haya dado la educación, o que el Estado no los haya formado”, dijo.

Sin embargo, sin haber sido presentada la iniciativa, no contaría con el visto bueno del Ejecutivo, teniendo en cuenta que la ministra Correa ha dicho que “el Gobierno no ha pensado en rebajas de penas, no se ha analizado y habría que mirar el tema con detenimiento. Las decisiones no pueden ser mediáticas, necesitamos que el estudio sea serio, coherente y obedezca a una política criminal”.