El móvil de la masacre de cuatro niños en Caquetá fue la disputa por un lote de 400 metros en Florencia y una venganza por motivos personales debido a agresiones personales mutuas, dijo ayer el fiscal Eduardo Montealegre.

“Tenemos certeza sobre la ocurrencia de los hechos, de cómo fue el modus operandi y de qué personas intervinieron porque, además de las pruebas practicadas por la Fiscalía y la Policía Nacional, se logró la confesión de una de las personas involucradas en la muerte de los niños”, manifestó Montealegre, precisando que “en un análisis técnico de una llamada que se consideró sospechosa por informaciones que dio la ciudadanía, logramos hacer un cruce de líneas telefónicas y a partir de ese análisis link se comienza la ruta hacia el esclarecimiento de estos hechos”.

Además de la obtención legal de las grabaciones telefónicas, el fiscal resaltó la colaboración de la ciudadanía en la zona donde se presentaron los hechos y el testimonio del niño sobreviviente para el esclarecimiento de la masacre.

Por este crimen han sido capturados dos hombres. Uno de ellos, Christopher Chávez, de 42 años, conocido con el alias de Desalmado, tiene antecedentes penales por haber matado a una mujer después de haberla violado.

La policía identificó al segundo capturado como Édison Vega, que cayó en manos de las autoridades en zona rural de Florencia, Caquetá.

Los cuatro niños que perdieron la vida se encontraban solos el día de los hechos porque sus padres habían viajado a Florencia para matricularlos en el colegio.

Un quinto niño, que también se encontraba en la vivienda y sobrevivió al fingir que estaba muerto, avisó a las autoridades.

El general Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional, aseguró en rueda de prensa que "estas dos capturas iniciales son una primera parte y esperamos continuar en nuestro trabajo".

"La investigación indica que otro hombre, que vive en la vereda Las Brisas, llamó a los asesinos para indicarles cuál era el momento más adecuado para realizar el homicidio", según un comunicado de la Fiscalía.

De acuerdo con el ente acusador, el pago prometido a la persona que informó a los perpetradores de la masacre fue "una propiedad inmueble que Jairo Vanegas Losada, padre de los menores asesinados, estaba reclamando en la región".

“La Fiscalía hará imputación a las personas capturadas por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y hurto. Los hechos por los cuales van a ser imputadas las personas capturadas implicarían una pena que podría llegar hasta 50 años de prisión”, anotó Montealegre.

En las diligencias, los investigadores encontraron una moto enterrada en la casa de uno de los autores materiales que fue utilizada para llegar a la vereda donde se encontraban los niños. También se halló un computador hurtado a la familia Vanegas la noche de los hechos. /AFP-ENS