En riesgo electoral por orden público se encuentran 221 municipios del país, un 20% del total nacional. Así lo reveló la Defensoría del Pueblo a través del Informe Especial para la Prevención de los Comicios de 2014 elaborado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT). De estos, 65 presentan riesgo extremo, 69 riesgo alto y 89 riesgo medio.

El documento presentado por el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, destaca una reducción del 36% de municipios en riesgo frente a 2010.  “Creemos que el proceso de paz tiene alguna incidencia en la reducción y por eso hacemos votos porque la jornada electoral no tenga la misma incidencia de constreñimiento al elector como en las elecciones anteriores”, aseguró Otálora.

Cabe señalar que los 221 municipios considerados en riesgo están distribuidos en 25 departamentos, de los cuales Antioquia con 25, Cauca con 24, Chocó con 18, Córdoba con 15, Norte de Santander con 15 también, Valle del Cauca con 14 y Nariño con 12, encabezan la lista de regiones con mayor probabilidad para la ocurrencia de hechos perturbadores en la justa electoral.

Farc, principal fuente de peligro

El informe destaca que, si bien las acciones violentas de los grupos guerrilleros han disminuido, las Farc siguen constituyéndose en una fuente de riesgo, que para esta ocasión involucra a 181 municipios, es decir el 82 por ciento del total proyectado, 60 de ellos en riesgo extremo, 60 en alto y 61 en nivel medio.

Según Otálora, este grupo guerrillero ejerce presión en municipios donde históricamente ha tratado de torpedear las elecciones, “esto a través del confinamiento, es decir que amenazan a la comunidad, les prohíben salir a ejercer el derecho al voto. Salen el día de las elecciones, hacen retenes para impedir que los ciudadanos asistan a la jornada electoral”.

Incluso, en los últimos días las Farc han difundido “manuales de conducta” con prohibiciones y advertencias a las comunidades, para que, por ejemplo, se abstengan de pertenecer o beneficiarse de programas sociales como Familias en Acción o Familias Guardabosques. “Es un manual histórico que siempre en las elecciones han aplicado en algunas regiones del país donde tienen fuerte presencia. Tratan de señalar por qué candidatos votar o, en el peor de los escenarios, impedir que los ciudadanos acudan a la jornada electoral”, explicó el Defensor del Pueblo.

Las investigaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo dan cuenta que en departamentos como Caquetá, Putumayo, Huila, Cauca y Nariño, la interferencia de la guerrilla en el proceso electoral se manifiesta a través de amenazas a simpatizantes y candidatos de movimientos políticos, así como presiones e intimidaciones contra concejales y activistas de partidos que no consideran afines a sus intereses.

Así mismo, y de acuerdo con información aportada por los mismos ciudadanos, las Farc habrían declarado objetivo de ataque a activistas políticos en municipios como Milán y Valparaíso en Caquetá, a la vez que han proferido amenazas contra servidores públicos y personas encargadas de recolectar firmas en localidades como Algeciras, La Argentina y Oporapa, en el departamento del Huila.

Por su parte, el  Ejército de Liberación Nacional (Eln) ejerce presión en zonas donde confluyen estas dos guerrillas. Tal es el caso del departamento de Arauca, particularmente en Fortul, Saravena y Arauquita, contra las personas encargadas de recolectar firmas para la inscripción de candidatos, lo que ha llevado a algunos partidos a denunciar falta de garantías para su participación electoral en esos territorios.

El informe también alerta sobre el accionar de grupos armados post-desmovilización para impedir el desarrollo normal de los comicios, entre los cuales se encuentran: los Urabeños, Las Águilas Negras, Los Rastrojos, Los Paisas, Los Botalones (Magdalena Medio), La Constru (Putumayo) y otras expresiones armadas regionales, como La Cordillera, La Empresa, La Oficina de Envigado y combos.

Los miembros de estos grupos, conocidos como ‘Bacrim’ ejercen presión e intimidación a través del narcotráfico, promoviendo situaciones como amenazas y promesas forzadas de financiación de campañas a cambio de no atentar contra la vida de los candidatos ni la de sus familias.

Según el mapa de riesgo electoral publicado por la Defensoría, hay mayor presencia de estos en Valle del Cauca, Antioquia, Cauca, Putumayo, Chocó, Córdoba. La conducta más común también es constreñir al elector o impedir que vote. El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) ha advertido amenazas recurrentes de “Los Rastrojos” en esas regiones contra concejales, funcionarios públicos, dirigentes políticos y líderes sociales y comunitarios.

Otálora Gómez aclaró que en Bogotá no se han encontrado riesgos de orden público. Sin embargo, la capital tampoco ha estado exenta de los frecuentes actos de corrupción al elector, algo que “los organismos de control han venido manejando dado que hay un programa en el que todas las mesas van a tener presencia de  Fiscalía, Procuraduría y Defensoría, como se ha manejado en elecciones pasadas”.

Las conductas más frecuentes

En cuanto a las conductas que podrían significar una mayor incidencia irregular para los comicios, la Defensoría del Pueblo identificó riesgo de constreñimiento al sufragante en 198 municipios, perturbación del certamen democrático en 166, restricciones a la movilidad en 166, amenazas en 124, hostigamientos y combates en 73, retenciones ilegales en 56, corrupción al sufragante en 53 localidades y posible ocurrencia de homicidios en 17 poblaciones del país.

Por el momento, la Institución ha sido informada sobre el traslado de mesas de votación en tres macrorregiones del país por falta de garantías hacia la vida e integridad de los funcionarios de la Registraduría Nacional.

Aunque este estudio no incluye los posibles delitos cometidos, otras fuentes diferentes a los actores ilegales, Otálora expresó que “la corrupción al elector es la conducta más frecuente, sobre todo en la costa Atlántica, donde se han denunciado hechos de esa naturaleza  y se han identificado brotes de corrupción al elector”.

Estas acciones son identificadas por el Sistema de Alertas Tempranas a través del contacto con los defensores comunitarios. “Los pronunciamientos de los ciudadanos indican que hay financiamiento de algunos grupos post-desmovilizados en las elecciones que se avecinan”, agregó el Defensor.

Respuesta de las autoridades

Desde hace meses, varias autoridades se han preparado para contrarrestar estos hechos. Además del refuerzo en el despliegue y dispositivos por parte de la fuerza pública, se creó un grupo especial de fiscales para investigar la compra de votos y otros delitos electorales. Por su parte, la Unidad Nacional de Protección (UNP) manifestó que revisará y fortalecerá los esquemas de protección a candidatos quienes desde varios partidos alegan una falta de garantías para el desarrollo de su campaña.

El Defensor del Pueblo exigió a los grupos armados ilegales respetar la democracia y el derecho a elegir y ser elegido, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades electorales a fin de orientar a la Policía y al Ejército para que adopten medidas de seguridad eficaces. “En el día de hoy tuvimos una reunión con el viceministro de la defensa, el director de la UNP, algunos generales para analizar unos temas de seguridad de los defensores públicos a través de las denuncias que hemos hecho en todo el país por la muerte de un defensor público en el Meta y uno en el Cauca la semana pasada”, expresó Otálora.

De la misma manera, instó a los alcaldes, gobernadores y fuerza pública a prevenir hechos de violencia, a la Registraduría para aplicar los protocolos de seguridad necesarios en el traslado de funcionarios y material electoral, y a la Unidad Nacional de Protección para que en todo caso evalúe cerca de 140 quejas consignadas en relación con amenazas, extorsiones, actos de constreñimiento y posibles ataques contra aspirantes y militantes de los movimientos políticos. 

Por su parte, la Registraduría Nacional ha adoptado 11 medidas para garantizar la transparencia electoral, entre las que se encuentran la inscripción automatizada de cédulas, la identificación biométrica, una nueva oficina para los jurados de votación y la digitalización y publicación de actas de escrutinio en la página web, entre otras. Uno de los mayores despliegues de transparencia para unos comicios en los que participarán como observadores la Misión de Observación Electoral de Unasur  y la OEA en cabeza del exministro chileno José Antonio Viera Gallo.