Los militares retirados agrupados en Acore, en una carta enviada al presidente Juan Manuel Santos expresan claridad frente a la responsabilidad del alto mando por las acciones de los subalternos. 

El general Jaime Ruiz manifestó que “hay un artículo que ha sido cuestionado desde hace muchos años y que inclusive muchos países no han sido aceptados, que tiene que ver con el estatuto de Roma. Tiene que ver con la responsabilidad penal que tendrían los comandantes, por las conductas penales de sus subalternos, y meter esto en el acuerdo sobre todo cuando no está en el bloque constitucional, significa que hubo una mala intención para que eso quedara”. 

Agregó el oficial que “no sabemos quién metió eso y sobre todo por qué lo negociaron en La Habana, cuando había unas líneas rojas de que nuestros temas no iban a ser discutidos”.

Señaló el militar que “no encontramos al interior de las distintas asociaciones de la reserva activa, razón ni explicación para que estos temas tan delicados que atañen a la seguridad jurídica de los miembros de la Fuerza Pública,  fuera negociada a última hora sin su presencia y seguramente a espaldas del Ministro de Defensa y de los altos mandos”. 

Contenido

Enfatizan en la misiva que “al darse a conocer pocos días después el contenido de los acuerdos renegociados en La Habana, fuimos sorprendidos con inesperadas modificaciones realizadas al respecto al tratamiento especial que nos había anunciado”. 

Señalan que “la modificación más preocupante tuvo que ver con la adición de un inexplicable parágrafo al artículo 44 del nuevo acuerdo y a juicio nuestro de manera innecesaria se entra a definir el concepto de control efectivo de superiores sobre conductas delictivas de subalternos”.

“Este articulo ha sido motivo de rechazo en la legislación interna de diferentes países y en el caso colombiano es bien sabido que en el momento actual no forma parte del bloque de constitucionalidad”, dijo. 

El general Ruiz recordó que luego del encuentro, desarrollado en la Casa de Nariño, el ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas, anunció que tras varios meses de reuniones, las partes están plenamente de acuerdo en que el tratamiento de justicia transicional para los agentes del Estado –especialmente miembros de las Fuerzas Armadas– que está contemplado en los acuerdos de La Habana, es el más adecuado.

A la pregunta de los periodistas de si esta situación era un mico, el ministro Villegas dijo que “sí parece un animalito de esa especie porque apareció sin poder establecerse su autoría, pero lo importantes es que ya está solucionada esa controversia que con razón suscitó inquietud entre los militares, fue una decisión unilateral que no fue negociada y estamos con ese tema ya solucionado”.

Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, aseguró que “como en todo acuerdo hay a veces discusiones, pero no creo que sea algo que pueda afectar el normal desarrollo y la firma del acuerdo en los próximos días”. 

“Lo que yo he visto es que el alto mando ha tenido un respaldo al proceso de paz y creo que no hay nada, como se sabe ha habido cambios en el acuerdo y habrá discusiones sobre esos acuerdos, pero nada que pueda poner en duda el respaldo de los militares a la paz de Colombia”. 

El expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático han sido reiterativos en pedir que la justicia especial no se aplique a los militares, pues considera que esto los “obligará a reconocer crímenes que no cometieron para evitar la cárcel”.

“Las Fuerzas Armadas no han estado al servicio de dictaduras, y esa sola circunstancia impediría ponerlas como actores políticos y en pie de igualdad con el terrorismo, como lo ha hecho el actual Gobierno”, manifestó Uribe.

El Gobierno 

El jefe de Estado había dicho hace algunos días que “la aplicación de la justicia transicional para los agentes del Estado, para los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, para nuestros soldados y policías, en servicio activo y retirado, desde el primer momento cuando dimos los primeros pasos hacia este proceso hace ya más de seis años, les dije algo que se ha venido cumpliendo y que esta misma semana se protocolizó”.

“En cualquier circunstancia, los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, soldados y policías, no quedarán en condiciones inferiores en materia de la aplicación de la justicia transicional comparado con lo que se les va a dar a los miembros de la guerrilla”, por lo que anunció el modelo que se incluirá en la Ley de Amnistía para garantizar el cumplimiento de este compromiso.

Señaló que “en La Habana quedó claro que se incluirá la garantía para que reciban los mismos beneficios jurídicos los uniformados que se establecieron para los desmovilizados de la guerrilla”.

El presidente Santos aclaró que no fue un punto de negociación, pero de forma paralela se trabajó al interior de las fuerzas, para generar un esquema que cumpliera con un principio fundamental, “el máximo de justicia que nos permita la paz” para las Farc, pero para los miembros de nuestra Fuerza Pública, “el máximo de beneficios que nos garantice seguridad jurídica”.

Señaló que ese esquema se ha venido elaborando poco a poco, y está listo “para ser incluido en el momento en que se presente la ley de amnistía”.

De esta manera afirmó que deberá quedar perfectamente establecido el tema de la seguridad jurídica, para arreglar la situación “de los miembros de nuestra Fuerza Pública que por alguna razón cometieron alguna equivocación relacionada con el conflicto”.

Propuestas de Acore 

Acore proponía que todos los hechos que involucren a agentes del Estado y vayan a ser investigados por la justicia transicional se establezcan con claridad que fue una “conducta originada dentro del marco del conflicto armado que se haya producido en cumplimiento de una orden formal de operaciones o de carácter fragmentaria”.

Y señalaba que en el modelo que tiene la JEP hasta el momento, se concibe una Sala de Reconocimiento, cuya primera función será decidir quiénes podrán ser investigados y eventualmente sancionados por la JEP dependiendo si el hecho que cometió fue en relación del conflicto.

Asimismo proponía que también se incluyeran en la JEP todos los hechos y pide que “así sea por motivo abyecto o fútil, debe ser considerado dentro del marco a que se hace referencia”. Actualmente, el Código Penal Militar establece que es un agravante actuar por un motivo “abyecto o fútil”, que significa cometer un hecho con vileza extrema o de una manera desproporcionada.