Nuevamente se despierta la polémica porque el Marco Jurídico para la Paz pondría en el mismo nivel a los integrantes de la Fuerza Pública que hayan cometido delitos en el marco del conflicto con los miembros de los grupos armados ilegales, a la hora de aplicar los beneficios en el caso de una desmovilización de estos últimos, como es la selectividad de los casos y que solo serán investigadas y juzgadas las personas que cometieron delitos de lesa humanidad de forma sistemática. Incluso contempla la renuncia a la persecución penal o la suspensión de la ejecución de la pena.

El presidente del Senado y autor del Marco Jurídico para la Paz, Roy Barreras, aseguró que este acto legislativo no pone a los uniformados al mismo nivel de los integrantes de los grupos al margen de la ley. Es “también para los agentes del Estado con la diferencia clara entre los grupos armados y los agentes del Estado en relación con su participación en el conflicto, cuando hubieren cometido delitos sean cubiertos con justicia transicional. Sí, los agentes del Estado, particularmente las Fuerzas Militares, pueden acogerse a la justicia transicional”, dijo.

Sin embargo, Barreras aclaró que “definitivamente este marco no se aplicará, en mi criterio, y ese es el espíritu del legislador, a los falsos positivos”.

No obstante el Senador reconoció que cuando presentó el entonces proyecto del Marco Jurídico para la Paz a varios militares que están en la cárcel por diferentes delitos, le dijeron que no querían acogerse a beneficios de justicia transicional sino que se haga justicia en sus casos.

Por su parte el general (r) Harold Bedoya consideró que “colocar en la misma cesta o canasta a héroes de la patria con terroristas y narcotraficantes del estilo de los cabecillas de las Farc es atentar e ir contra la moral de nuestros soldados y policías”.

Añadió que “no vayamos más lejos, miremos el caso del coronel Alfonso Plazas Vega, cuyo juicio no ha terminado porque está en casación en la Corte Suprema de Justicia… Mientras él está en la cárcel, los guerrilleros del M-19 que ingresaron a sangre y fuego al Palacio de Justicia gozan de plenos beneficios jurídicos y políticos e incluso ocuparon ministerios, gobernaciones y alcaldías”, acotó.