La posibilidad de que los recursos del Estado puedan ser utilizados por funcionarios y servidores públicos, a los que se les permitiría la participación en política, tal como lo promueve un proyecto de ley que es tramitado en el Senado, ha causado prevención.

El ministro del Interior Germán Vargas Lleras aseguró que aunque la iniciativa en principio es buena, “porque desarrolla un artículo constitucional, puede ser muy mala sino se reglamenta en detalle".

Vargas Lleras precisó que si " el Congreso quiere avanzar en esta materia es muy importante que se definan todos los criterios en materia de uso de bienes públicos, la participación o no en actos públicos, y si se autoriza o no a los servidores públicos a hacer parte de las directivas políticas".

No obstante, el ponente del proyecto de ley que fue aprobado esta semana en primer debate en la Comisión Primera del Senado, el congresista Carlos Enrique Soto fue enfático en afirmar que es necesario permitir la participación en política de todos los funcionarios y servidores públicos del Estado con algunas excepciones, pero con obvias especificaciones y reglamentaciones, como que no pueda destinar para ello presupuesto estatal, que no se pueda realizar proselitismo político en horarios de trabajo, y que para ello se pida una licencia laboral.

“En lo que no estoy de acuerdo como coautor de este proyecto, es en decir que prohibámosle a los ministros o a los servidores que fueron electos por elección popular (alcaldes y gobernadores). Lo que estamos diciendo es que no le deben hacer con recursos del Estado (…) estamos diciendo que no lo hagan dentro de su horario de trabajo, las ocho horas que se deben cumplir, también estamos diciendo que si lo quieren hacer de tiempo completo, pidan una licencia hasta cuatro meses para que participen de una manera directa”, dijo.

De igual manera, Carlos Enrique Soto recordó que los funcionarios que no podrán participar en política son los que laboran en las entidades electorales, como el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, así como de los órganos de control, Procuraduría, Contraloría y miembros de la Fuerza Pública.