Afirmar que en Colombia hay una verdadera política criminal no corresponde a la realidad, en eso coincidieron varios destacados penalistas. Por su parte, la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, dijo que esta cartera trabaja en un Conpes para hacer ajustes.

Estos planteamientos fueron hechos en el marco de un foro organizado por la Universidad Libre sobre la política criminal que hoy tiene el país, en donde salieron a relucir diferentes problemas estructurales que vive la justicia en Colombia y que son los causantes de la sobrepoblación carcelaria, la congestión de procesos y la falta de justicia, en muchos casos.

El exfiscal Alfonso Gómez Méndez señaló al respecto que “la verdad es que no ha habido, no hablo de ahora sino de siempre”, si se entiende como una reacción del Estado estable, coherente y consistente frente al delito, frente a la pena y frente al tratamiento del delincuente o de la persona procesada.

Añadió que el problema es estructural, “que consiste en creer que la raíz de todos los problemas está en la ley, es decir, en escoger el mecanismo legislativo como el único instrumento de gobierno”. En ese sentido dijo que un ejemplo de ello son las constantes reformas que se han hecho a la Constitución, “mientras que las colonias americanas, por ejemplo, se dedicaron después de la independencia a construir nación, nosotros nos dedicamos a hacer constituciones”.

Añadió que esa misma inestabilidad es la que se refleja en la política criminal que hoy tiene el país, “por eso estamos inundados de normas pero no de derechos”. Hay una superproducción normativa, inconexa  y sin sentido, dijo.

Gómez Méndez señaló un segundo problema que vive la justicia en Colombia, y es que “las normas se expiden o se derogan al vaivén de situaciones puramente coyunturales. Y un tema de fondo sobre el cual hay que reflexionar, y es la influencia de los medios de comunicación en esa, entre comillas, fijación de la política criminal, que se ve en distintas maneras: en la creación de los tipos legales, en la imposición o señalamientos de las penas y en los procedimientos”.

Al respecto dijo que el Congreso se deja influenciar a la hora de legislar en materia penal y “encadenado esto con una ausencia de una opinión pública formada, que está atiborrada de una serie de datos, de imágenes, pero que no tienen que ver con la formación”.

Dijo que una muestra de la falta de una verdadera política criminal son las penas, sobre lo cual señaló que están distorsionadas frente a la gravedad del delito y que el país lo que ha hecho es dar “bandazos. Un día pensamos en penas altas, otro día pensamos en penas cortas. Un día pensamos que lo que hay es que excarcelar”

Papel del Congreso

El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, igualmente coincidió en que el país carece de una verdadera política criminal. En este punto aseveró que el Sistema Penal Acusatorio nació en medio de la improvisación.

Añadió que en este momento se tramitan en el Congreso varias iniciativas para crear el tipo penal de lesiones con ácido, con lo cual se mostró en desacuerdo porque “el tipo penal ya existe, ahí están las lesiones con deformidad facial”. “Y qué decir del feminicidio, que también están tramitando”, frente a lo cual dijo que el tipo penal no “va a solucionar las muertes de las mujeres”, eso es un tema de política de seguridad del Estado, pero no de política penal.

Otálora hizo un llamado para que el Consejo Superior de Política Criminal funcione, hay que plantearle al Congreso de la República que todas las legislaciones desde el punto de vista penal deben venir acompañadas de dos conceptos previos: el Consejo Superior de Política Criminal y el consejo académico de las universidades”, que tienen el tiempo para estudiar y avalar o no, determinados proyectos de ley. En ese sentido hizo un reclamo al Congreso porque esto solo lo ha hecho en determinados proyectos.

Por su parte el representante a la Cámara, Alfonso Prada, reconoció  que el Congreso reacciona frente a la presión de la opinión pública ante la ocurrencia de delitos, “no necesariamente es malo en sí mismo, lo que es perverso es que la reacción sea intuitiva y no adecuadamente planificada”.

Añadió que son muchos los proyectos que tramita el Congreso que tienen que ver con política criminal, frente a lo cual dijo que “últimamente he tomado la decisión de requerir la posición del Consejo de Política Criminal antes de permitir que haya cualquier tipo de votación”.

La lectura del Gobierno

El Ministerio de Justicia está trabajando en un documento Conpes sobre política pública en este tema y como consecuencia desarrollar algunas medidas con el fin de proponer y desarrollar una política criminal coherente, que no se circunscriba solo en el Código Penal.

Frente a la afirmación de que en Colombia no existe una verdadera política criminal, la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, dijo que “es menester aclarar que los autores que introdujeron esa crítica se referían era a la ausencia de una política coherente y racional que estuviera fundada en la Constitución, pero de ello no se sigue que en nuestro Estado no exista una política criminal, es decir, existe así no sea del agrado de todos”.

La funcionaria explicó que en el año 2011, el entonces Ministerio de Justicia y del Derecho creó la Comisión Asesora para el diseño de política criminal, con el fin de evaluar “qué tipo de política tenemos y sobre todo qué tipo de política criminal debemos tener”, explicó la funcionaria.

Esa Comisión concluyó que en Colombia sí hay una política criminal, pero esta se caracteriza, explicó la Ministra, “por ser reactiva e incoherente, y por estar fundada en una concepción simbólica del derecho penal que no apunta a la efectiva protección de los bienes jurídicos sino al incremento de la percepción de seguridad de la ciudadanía”.

En ese sentido, para la Comisión Asesora del Ministerio de Justicia, la mayoría  de decisiones de política criminal han sido reactivas y carentes de fundamentos científicos sólidos que permitan determinar con precisión cómo controlar determinados fenómenos delictivos. Muchas de estas medidas han sido adoptadas respondiendo ante el clamor de justicia por parte de la opinión pública o para mostrar que se está haciendo algo frente a la criminalidad.

La Ministra señaló que en materia de política criminal se han identificado cinco grandes problemáticas, con base en las recomendaciones de la Comisión asesora, estudios de la Corporación Excelencia en la Justicia y estadística de la Policía Nacional, el Inpec y la Fiscalía General: la necesidad de implementar acciones contra todo tipo de dinámicas delincuenciales; la urgencia de implementar medidas de justicia restaurativa que permitan una verdadera protección y reparación de las víctimas de la delincuencia común; se han identificado varios problemas en el Sistema Penal Acusatorio que han repercutido en su eficiencia como que la justicia sea pronta, el caso de la lectura de los documentos en las audiencias; el grave problema de sobrepoblación carcelaria.

Correa dijo que la propuesta del Ministerio de Justicia es hacia una política criminal racional, coherente y fundada en la Constitución. Renovada en el sentido que hasta la política criminal está fundada en una justicia retributiva, pero hoy se está apostando más a una justicia restaurativa.

Código Penal

. Creó 53 tipos penales

. Aumentó penas en 93 tipos penales

. Adicionó 42 agravantes de conductas típicas

. Tiene 362 conductas tipificadas como delitos

Fuente: parlamentario Alfonso Prada