Esta semana en Buenos Aires, Argentina, el ex presidente Álvaro Uribe les pidió a periodistas y opositores que lo vinculan con el paramilitarismo "que hagan memoria" y les recordó que durante los ocho años que dirigió el país logró recuperar dos monopolios del Estado: el de las Fuerzas Armadas y el de la Justicia.

"Nosotros desmantelamos el paramilitarismo que se había adueñado de nuestros cuerpos de seguridad. Nosotros extraditamos a 14 jefes paras que están presos en los Estados Unidos por no cumplir con los acuerdos de desmovilización", mencionó.

"Los periodistas estaban amenazados antes de mi gobierno, muchos se habían exiliado y pudieron regresar por nuestros logros. Pero volvieron para atacar virulentamente", se quejó.

Sin embargo, las afirmaciones de Uribe se contradicen con el llamado de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Navi Pillay, hecho hace un par de semanas, para que el Gobierno de Colombia reconozca la existencia y desmantele a los grupos paramilitares que aún operan en el país.

En la presentación de su informe ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Pillay denunció que, aunque el Gobierno de Colombia se empeña en negar la presencia de los paramilitares, es obvio que esos grupos "continúan en expansión", cometiendo delitos de extorsión y secuestro de civiles.

“Aumentan el número de masacres y de víctimas que se les atribuyen, ejercen control territorial, restringen la libertad de movimiento de la población imponiendo sus normas de comportamiento y sanciones públicas y resolviendo conflictos sociales, en muchas ocasiones de manera brutal", insistió la vocera.

Pillay enfatizó en que lo preocupante es que también se observa una "complicidad de algunas autoridades locales y miembros de la fuerza pública con esos grupos (...) causada por corrupción, intimidación y amenazas", por lo que insistió en que esas bandas “no han sido efectivamente desmanteladas".

“La mayoría de los casos de agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos permanecen en la impunidad", pero el Gobierno debe trabajar en contra de esto, reiteró Pillay.