Un proyecto de ley que propone la incautación de bienes considerados ilícitos, producto del contrabando o el lavado de dinero, provocó discordia entre dos prominentes miembros oficialistas de los poderes Legislativo y Ejecutivo, según reflejan este lunes los medios bolivianos.

El ministro de Interior, Carlos Romero, proyectista de la ley, rechazó las observaciones formuladas por la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, que dijo el domingo que llegó el momento en que sean los pueblos que elaboren sus leyes y no los "gabinetes de abogados".

Delgado, militante del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), igual que Romero, "no tiene la moral y la formación para cuestionar la propuesta de leyes", replicó este lunes el ministro a radio Panamericana.

"No conozco que (Delgado) haya hecho alguna formulación académica seria (razón por la que) no me voy a rebajar a su altura en un debate", atizó Romero respecto de su ex colega en la Asamblea Constituyente, que redactó la nueva Constitución.

"Fui elegida por el voto del pueblo" como congresista, "no fui designada a dedo", reaccionó Delgado.

Mientras los gremiales, como se conoce aquí a los comerciantes de mercados y puestos callejeros -que según su dirigente suman más de un millón en todo el país-, anunciaron nuevas acciones de protesta contra el proyecto de ley.

"Se ha determinado parar en los siete departamentos que no han paralizado la anterior vez, excepto Santa Cruz y Cochabamba", según Ernesto Rada, dirigente de la Confederación Nacional de Gremiales.

Los comerciantes "seguramente van a cerrar fronteras", señaló Rada.

El poderoso gremio del transporte también rechaza la futura norma.

Ante esta situación el presidente Evo Morales pidió recientemente detener su aprobación en el Congreso y remitió a consulta del Tribunal Constitucional el proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado, que permitiría la incautación de bienes vinculados, por ejemplo, con el narcotráfico o el contrabando.