Mediante fallo de primera instancia, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 15 años al señor Alfonso Mantilla.

El disciplinado fue subdirector administrativo y financiero encargado y director general encargado de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS). Ocupando dichas dignidades habría cometido irregularidades con un contrato de compraventa de un predio ubicado en Simacota, Santander.

La determinación disciplinaria suspendió por 12 meses a Héctor Murillo, director general de la CAS para la época de los hechos.

Se estableció que la CAS suscribió una escritura pública mediante la cual le fueron transferidas las mejoras pertenecientes a un predio ubicado en la vereda Altamira, de Simacota, pese a que en el acuerdo de voluntades se había pactado la transferencia de la propiedad plena del inmueble junto con todas sus mejoras, construcciones y demás anexos.

En desarrollo del proceso se determinó que el derecho que la vendedora transfirió a la Corporación es el que ella tenía sobre el inmueble, es decir sobre las mejoras, pues ella no ostentaba el dominio pleno del inmueble.

Se concluyó que Mantilla fue el responsable de elaborar el informe de conveniencia y oportunidad con base en el cual, posteriormente, actuando como director general encargado de la corporación, celebró el contrato de compraventa del predio el 6 de diciembre de 2010.

Las pruebas permitieron establecer que dentro del estudio previo de conveniencia y oportunidad no se incluyó el estudio de títulos del señalado terreno, el cual se constituía en un elemento fundamental de la viabilidad jurídica del objeto a contratar. 

La Procuraduría halló responsable disciplinariamente a Murillo por firmar, el 14 de diciembre de 2010, en la Notaría Segunda de San Gil, Santander, la escritura pública por la que la corporación recibió la transferencia de las mejoras.

Contra esta determinación disciplinaria de primera instancia procede el recurso de apelación.