“Luis Edmundo Suárez el director de la UIAF está empeñado en obstruir el control fiscal, no aplica la ley y no acata decisiones tomadas por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado”, denunció ayer la contralora Sandra Morelli.
A través de un comunicado, Morelli lamentó que un cargo tan relevante en el Estado colombiano sea ocupado por “este tipo de individuos”, que, agregó, “de manera habilidosa y malintencionada” se escuda en “una ley que al momento de las solicitudes no estaba vigente aún en Colombia por la sencilla razón de que se trata de una Ley Estatutaria que antes de ser promulgada debe contar con el juicio de constitucionalidad positivo por parte de la Corte Constitucional”.
Las fuertes declaraciones, explicó la propia funcionaria, obedecen a que en julio de 2012 Suárez respondió a un requerimiento de la Contraloría argumentando normas que no habrían tenido vida jurídica sino hasta el 8 de mayo cuando las sancionó el presidente Juan Manuel Santos, tras el pronunciamiento de la Corte, en abril de 2013.
Las normas referidas expresan, anotó Morelli, a que la Fiscalía es la única destinataria de la información de la UIAF.
En todo caso, Morelli criticó esa normatividad expresando que “eso quiere decir que el Gobierno Nacional no podrá hacer análisis sobre conductas que, sin ser infracción, puede suponer canales para blanqueo de recursos y, en consecuencia, incrementar controles o reglamentar”.
Puso como ejemplo “los cupos de las tarjetas de crédito, que permiten gastar cifras importantes en el exterior. Allí no hay delito, pero puede transformarse en un canal de conductas al margen de la ley”.
Pero aparte de eso, Morelli señaló que Suárez, entre julio de 2012 y mayo de 2013, “inaplica la Ley, obstruye el control fiscal, no acata decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca ni del Consejo de Estado, proferidas ambas con ocasión de una muy absurda autodemanda que se impetró a sí mismo, seguramente para ganar tiempo hasta el momento de promulgación de la ley, de tal manera que ahora se arropa con una ley posterior, lo cual no lo exime de responsabilidad disciplinaria por infracción a las normas vigentes y el desacato de órdenes judiciales”.
En respuesta, Suárez indicó que prefiere renunciar antes que entregar información privilegiada, porque según él está en juego el sistema de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Fiscalía
Simultáneamente, ayer se conoció que la Fiscalía le adelanta dos investigaciones preliminares a la contralora Morelli, con base en dos denuncias: una por el arrendamiento de la sede donde actualmente funciona la Contraloría y otra por una circular interna con la que se habría prohibido la contratación de funcionarios que estaban próximos a pensionarse.
Morelli respondió, a través de otro comunicado, anotando que sobre “los nombramientos en cargos con repercusión fiscal injustificada” se entregarán a la Fiscalía “los argumentos de defensa, junto con las pruebas respectivas”.
La contralora Morelli dijo que de igual manera se procederá “en cuanto al supuesto delito cometido como consecuencia del alquiler de la sede”.
“Sin embargo”, precisó, “de cara a informar a la opinión pública sobre lo contratado, su costo y su conformidad con los parámetros del mercado, a más de la necesidad objetiva del traslado de sede, se adjunta la información en la página web de la entidad, www.contraloria.gov.co”.
El alta funcionaria indicó que junto a lo anterior espera que la Fiscalía inicie “la indagación preliminar que ella ha solicitado” con el fin de establecer si la Contraloría “hace u ordena interceptaciones o seguimientos ilegales”.
“No hay nada más sano para el Estado social de derecho que todos y cada uno de los hechos denunciados sean objeto del más exhaustivo examen por parte de la autoridad competente”, comentó Morelli.