En los últimos siete años se han registrado 611 casos de fraude, relacionados con el cobro que ejercen tramitadores externos que no pertenecen al FNA. Los delitos más frecuentes son: falsedad en documento público y privado, concusión, falsedad pesonal, constreñimiento ilegal y usurpación de marcas y patentes.

Con este panorama que ha venido afectando a los afiliados y a la misma entidad, el presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Helmuth Barros Peña, recalcó que todos los trámites realizados en cualquiera de los puntos de atención de la entidad, son gratuitos.

“Existen personas inescrupulosas que cobran por realizar trámites o por proporcionar ciertos documentos con información que no corresponde a la realidad, para supuestamente hacer efectiva su gestión. Es muy importante que los colombianos tengan claro que el Fondo Nacional del Ahorro no cobra por ningún trámite. No se dejen engañar”, indicó Barros Peña.

En el tema de falsedad de documentos que contempla la entrega de certificados laborales, comprobantes de pago, extractos bancarios y certificados de tradición y libertad de inmuebles, entre otros, el FNA identificó 570 casos, los cuales fueron denunciados  en su momento ante la Fiscalía General de la Nación.

Así mismo se registraron 18 denuncias por concusión, 12 de falsedad personal, 11 de constreñimiento ilegal y seis de usurpación de marcas y patentes.

La Coordinación del Grupo Antifraude del FNA, destaca que los únicos trámites que generan costo en la legalización crediticia son: Derechos notariales, Inscripción de la compra venta del inmueble en la Oficina de Instrumentos Públicos, Avalúo si se cambia de bien inmueble y el FNA ya había realizado uno con anterioridad.

La cancelación de estos valores se realiza exclusivamente en notarías y en la oficina de Instrumentos Públicos. El Fondo Nacional del Ahorro no tiene competencia directa en estos cobros.

Como parte de la estrategia para combatir este tipo de acciones fraudulentas, el FNA ha iniciado una serie de campañas dirigidas a concientizar a la población colombiana para que no acuda a ningún tipo de intermediario, recalcando sobre las consecuencias legales que se presentan cuando se cometen este tipo de acciones irregulares.