Diputados españoles aprobaron una ley de Costas que va a "reforzar los mecanismos de protección", según el partido conservador en el poder, pero para los ecologistas sólo servirá para legalizar algunas construcciones cercanas al litoral.

"El litoral es un ecosistema sensible y vulnerable que precisa protección, lograrla es un objetivo fundamental de esta reforma. Por eso, la ley refortalece los mecanismos de protección, tanto en su vertiente preventiva como defensiva", afirma el proyecto de ley del Partido Popular (PP), que tiene la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

Entre sus puntos polémicos, la ley prevé alargar el régimen de concesión atribuida a las construcciones levantadas en terreno público hasta los 75 años.

Además, reduce, en algunos casos, la franja de especial protección de costa de 100 a 20 metros.

La ley permitirá además, legalizar de hecho, excluyéndolos de terrenos catalogados como públicos, 12 zonas de viviendas, especialmente en los alrededores de Alicante, Girona, Valencia o Málaga.

Tras años de desarrollo masivo del turismo y de la construcción a expensas en ocasiones de la desfiguración del litoral español, el Gobierno asegura que esta nueva ley permitirá que los excesos del pasado no vuelvan a producirse.

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, defendió el jueves un texto con el que, según él, "se evitan nuevas construcciones en el litoral español" y "proporciona instrumentos más potentes para evitar las barbaridades urbanísticas cometidas al amparo de la ley de 1988", que regulaba hasta ahora la protección del litoral.

Sin embargo, para los ecologistas y los partidos de la oposición, la nueva normativa va a "privatizar" las costas españolas.

Con esta reforma, "se pone fin al intento más serio que se ha producido en España para proteger nuestro litoral", reaccionó el portavoz de Medio Ambiente del grupo socialista en el Congreso, José Luis Ábalos, quien añadió que "a España le queda menos del 30% del suelo litoral sin ocupar por actividades humanas".

Según la organización ecologista Greenpeace, en los últimos veinte años, España habría perdido diariamente la extensión de litoral virgen equivalente a ocho campos de fútbol, algo más de 50.000 hectáreas.

Denunciando un "día negro para el Medio Ambiente", Greenpeace desplegó en la mañana de este jueves una pancarta en la fachada del Congreso, en la que se podía leer "El PP vende nuestras costas".

Los ocho activistas de la organización protagonistas de la acción fueron detenidos por la policía.

Esta ley implica "no solo que el ministerio de Medio Ambiente regale a unos pocos intereses privados la costa española, sino que actúe con imprudencia al no tener en cuenta, por ejemplo, la subida del nivel del mar", declaró Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.