La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, negó en un escrito enviado al Senado que haya violado la Constitución al adulterar las cuentas públicas, en uno de los últimos pasos de su juicio de destitución.

Rousseff, suspendida de su cargo desde el 12 de mayo, optó por no dar su testimonio en persona ante la comisión especial de impeachment, donde su fuerza es minoritaria, y su defensa fue leída por su abogado, el exministro de Justicia Eduardo Cardozo.

"Lo que más duele en este momento es la injusticia, lo que más duele es percibir que estoy siendo víctima de una farsa jurídica y política", dijo Rousseff en su carta a los senadores.

"No cometí ningún crimen de responsabilidad (...) Jamás desvié un solo centavo del patrimonio público para mi enriquecimiento personal o de terceros", añadió en el escrito que recorrió parte de su biografía, incluyendo su tiempo en prisión durante la dictadura militar (1964-1985).

La presidenta, una economista de 68 años que militó en una guerrilla marxista en su juventud, no descartó defenderse en persona cuando el caso llegue al plenario del Senado, donde deberá superar dos votaciones antes de llegar a una sentencia.

Todo indica que el 4 de agosto, víspera de la inauguración de los Juegos Olímpicos en Rio de Janeiro, la comisión recomendará la destitución de Rousseff, y que ese parecer será ratificado cinco días después en el plenario del Senado por mayoría simple.

Pero para apartarla del cargo definitivamente, es necesario que una mayoría especial de 54 de los 81 senadores la condenen durante una sesión final conducida por el presidente de la corte suprema, programada para celebrarse entre el 25 y el 27 de agosto, poco después de los Juegos Olímpicos.

La oposición abroquelada en torno a su destitución y al vicepresidente Michel Temer, que la reemplazó interinamente, considera que es un caso cerrado.

"La cuestión ya está definida, porque los crímenes fueron cometidos y probados", dijo a la AFP el senador Cassio Cunha Lima, del socialdemócrata PSDB.

Cunha Lima anticipó que la oposición tendrá 16 de los 21 votos posibles en la comisión y sumará al menos 59 votos en el plenario

Rousseff afirma que el impeachment no tiene base legal y es una ruptura del orden democrático orquestada por un ala conservadora de la coalición que la llevó al poder, apoyada por un amplio arco opositor.

Pero para Temer el proceso es constitucional, y prepara su gobierno para terminar el mandato de su exaliada a fines 2018.