Una situación difícil dijeron atravesar los municipios que anteriormente recibían abundantes recursos directos de regalías petroleras, pero que ahora estos dineros se rebajaron incluso más de la mitad. La salud y la educación son los sectores más afectados.

Al tiempo que la incertidumbre reina en las administraciones de estos municipios en cuanto a cómo cubrir el faltante en sus arcas; una situación muy diferente se vive en las entidades territoriales que antes no recibieron prácticamente nada de estos recursos y que ahora tienen la expectativa de que podrán financiar varias iniciativas de desarrollo.

En junio de 2011 el Congreso aprobó una de las iniciativas más ambiciosas del gobierno Santos, pero a la vez  de las más polémicas, que modificó el sistema de distribución de regalías, que hasta ese momento beneficiaba principalmente de forma directa a las regiones productoras, mientras que de manera indirecta otras entidades territoriales también recibían parte de los recursos como compensación porque por su territorio pasaba una infraestructura, como una tubería, o usaban sus puertos para el descargue de carbón.

El Gobierno justificó la presentación de esta iniciativa señalando que esos recursos en adelante beneficiarían a todos los colombianos y que serían punta de lanza para combatir la pobreza y la desigualdad, una de las banderas de Santos.

Otro argumento que esgrimió el Gobierno para adelantar esta reforma fue la corrupción manifiesta que se presentó en el manejo de esos recursos en algunas regiones. Según el Ejecutivo, desde el momento en que fueron creadas las regalías hasta el año 2010, departamentos y municipios han recibido cerca de 50 billones de pesos y el 95 por ciento de estos dineros habían sido administrados por 75 entidades territoriales.

La reforma creó tres fondos para el manejo de las regalías y luego de allí ser transferidas a las regiones: 10% para el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación; 10% para ahorro pensional territorial, hasta 30% para el Fondo de Ahorro y Estabilización. El 50% restante de los recursos se repartirá un 10% para distribuir a título de regalías directas; 24% para el Fondo de Compensación Regional y 16% para el Fondo de Desarrollo Regional.

En cuanto al flujo de recursos, esta reforma no permite que se siga girando dineros a las regiones para que los utilicen a su antojo en salud y educación. Ahora son entregados contra proyectos que presenten los municipios y que sean aprobados en una instancia que se denominaÓrganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), que en el nivel regional están integrados por Planeación Nacional, los ministerios de Hacienda y Minas, dos gobernadores y dos alcaldes.

Para el caso de los municipios productores, esta reforma constitucional dispuso que seguirán recibiendo regalías directas de forma provisional, aunque en el primer año disminuyeron en un 50% frente a lo que se acostumbraba, y seguirán bajando de forma paulatina hasta el año 2015, cuando termina este beneficio.