Con el propósito de profundizar en el seguimiento al desarrollo de la Ley 1448, promulgada hace 5 años, y a partir de información de primera mano para ahondar en el diagnóstico sobre el cumplimiento de los planes de reparación integral, la Defensoría del Pueblo adelanta una encuesta de percepción a una muestra representativa de las víctimas del conflicto armado, inscritas en el Registro Único de la UARIV. 

El sondeo ha sido aplicado hasta ahora a 1.265 personas afectadas por la confrontación (727 encuestadas en 2015 y 538 en 2016) en 22 departamentos del país, con énfasis en regiones que albergan al 71 por ciento de la población víctima del conflicto, ejercicio éste que se extenderá hasta el próximo 30 de Junio.

Aunque se trata de resultados parciales, que además deben ser contrastados con otros informes institucionales y con ejercicios de evaluación de la política pública, los datos evidencian dificultades de acceso a los mecanismos de reparación integral, como lo expresó el 63 por ciento de los encuestados. Un poco más de 790 personas advierten lentitud en los procesos, pocos avances en materia de reparación, así como obstáculos en materia de información y difusión de las rutas de acceso.

A propósito de lo anterior, llama la atención que si bien las víctimas tienen conciencia sobre su derecho a la reparación integral, el 68 por ciento de los encuestados afirma desconocer los procedimientos, mientras el 63 por ciento asegura no tener Plan de Asistencia y Reparación Integral, y el 15 por ciento dice no saber si éste ya ha sido elaborado y puede acceder a él.

Por esta razón, la Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado al Gobierno Nacional y a las instituciones del Estado encargadas de este tema, para que fortalezcan las estrategias en términos de cobertura, acceso y difusión, y para que enfaticen en el acompañamiento de los procesos, pues de acuerdo con el sondeo el 41 por ciento de los indemnizados utiliza el dinero en el pago de deudas y el 44 por ciento en el cubrimiento de sus necesidades básicas, sin que en la mayoría de los casos haya inversión en proyectos productivos que les permitan superar su condición de víctimas.

Justamente, la indemnización, seguida por las medidas de rehabilitación y restitución son las solicitudes más recurrentes y al mismo tiempo las más otorgadas, en tanto que los hechos victimizantes más declarados continúan siendo el desplazamiento forzado, el homicidio y las amenazas.

A propósito de los 5 años de la Ley 1448, promulgada el 10 de Junio de 2011, la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Defensa y a la Unidad de Reparación y Atención Integral a las Víctimas, ampliar el plazo (que vence hoy) para exonerar a cerca de 35.000 jóvenes entre 18 y 30 años afectados por el conflicto armado, del pago de la libreta militar, pues pese al tiempo de vigencia de la norma, hace apenas dos meses que fueron habilitados los procedimientos de inscripción y aplicación para acceder a esta medida de reparación simbólica, situación que se agrava para quienes están en condición de remisos y aquellos que habitan las zonas rurales, donde la oferta tecnológica es precaria.