Una difícil situación de derechos humanos en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, fue advertida por el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora.

El funcionario dio inicio al ciclo de visitas humanitarias del presente año en el departamento insular, con el fin de atender las inquietudes de la población y evaluar mecanismos de gestión para superar los problemas que la aquejan.

De acuerdo con el informe elaborado por el SAT de la Defensoría del Pueblo, durante los últimos dos años se han recrudecido los brotes de violencia, reflejados en la cifra de muertes violentas, que a cierre del año pasado registró 20 casos frente a 17 ocurridos en el período 2012, con el agravante de que en cuatro oportunidades estas muertes estuvieron acompañadas por señales de tortura, siendo el caso más reciente el ocurrido en el sector Camino al Radar, en el sur de la isla, hace tan solo tres meses.

El Defensor del Pueblo manifestó su preocupación frente a esta modalidad, que se suma a dos hechos de sicariato registrados en los últimos días, y que si bien no cobraron la vida de personas, sí evidencian un deterioro provocado fundamentalmente por la incursión y enfrentamiento de los grupos armados ilegales Los Rastrojos y Los Urabeños.

Otálora indicó que no entiende por qué algunas autoridades no quieren reconocer la presencia de grupos armados ilegales en el departamento insular. “Continuaremos haciendo las denuncias a las que haya lugar y velaremos para que los organismos competentes continúen combatiendo a las denominadas bandas criminales (Bracim) y les den la protección necesaria a los habitantes de la Isla”, destacó.

A este diagnóstico se agrega la desaparición de 10 personas vinculadas en el registro del CTI de la Fiscalía, en hechos sucedidos durante los últimos cuatro años, así como el drama de las víctimas del desplazamiento forzado que afecta tanto a residentes como inmigrantes nacionales. Tan solo el año pasado la Defensoría del Pueblo atendió a 80 familias en condición de desarraigo, equivalente a 249 personas entre niños, adultos y población de la tercera edad.