Diez ‘legados’ de la crisis institucional | El Nuevo Siglo
Viernes, 29 de Junio de 2012

Más allá del hundimiento ayer de la cuestionada Reforma a la Justicia, lo ocurrido en las últimas semanas deja trascendentales conclusiones que tendrán repercusiones a corto, mediano y largo plazo. Así quedó el escenario  

1.   UN GOBIERNO FUERA DE LUGAR: la responsabilidad de la Casa de Nariño en toda esta crisis no se puede esquivar. Fue promotora de la reforma, la lideró en el Congreso y convocó el apoyo de la Unidad Nacional, pero una deficiencia en el manejo político y la tendencia a tratar de quedar bien con todos, lo llevaron a ir tolerando la confección de una iniciativa en la que parlamentarios y magistrados sacaban beneficio propio y directo. En la instancia de conciliación falló el ministro Esguerra así como el titular del Interior, pues no detectaron los nuevos ‘micos’ y pidieron aprobar la iniciativa. Por acción o por omisión, el Ejecutivo tiene su parte de responsabilidad. Afortunadamente el presidente Santos reaccionó a tiempo y con tal decisión para hundir la peligrosa Reforma, que no temió enfrentar a su propia coalición. Al final logró neutralizar la crisis institucional, pero pagó su costo inmediato con la caída de Esguerra y el golpe a la imagen presidencial y el apoyo ciudadano a la reelección, a la par de una coalición parlamentaria resentida y dispuesta a ‘devolver el golpe’.

 

2.   EL CONGRESO Y SU ETERNO LASTRE:un año atrás, al término de una legislatura que fue catalogada por distintos sectores del país como “histórica”, por primera vez, en muchos años, la favorabilidad del Parlamento subió en las encuestas, algo muy significativo después del duro impacto por las decenas de senadores y Representantes presos por parapolítica. Doce meses después la realidad es otra por cuenta de los ‘orangutanes’ que se colaron en la Reforma a la Justicia. El Parlamento, una vez más, es el símbolo de la politiquería, la corrupción y la impunidad. De allí que la reacción popular contra la Reforma fuera tan inmediata y masiva, así como el apoyo a una posible revocatoria del Congreso, pues la desconfianza sobre éste entre los colombianos es casi genética.  

 

3.   COALICIÓN FISURADA:es claro que no pocos senadores y Representantes de los distintos partidos de la coalición de Unidad Nacional se sienten casi traicionados por el Gobierno, pues consideran que éste sabía lo que estaba pasando con la reforma a la Justicia, e incluso el ministro Esguerra pidió aprobar la conciliación, pero cuando se formó el escándalo el presidente Santos reaccionó echándole toda el agua sucia al Parlamento, que pagó todos los platos rotos. Estos nuevos resquemores entre coalición y Casa de Nariño se verán cuando se debatan proyectos como la reforma tributaria, el Código Minero y otras iniciativas clave para el Gobierno. Igual es seguro que más de una ‘rebelión’ asomará e incluso no se descarta que ahora las peticiones burocráticas de los partidos aumenten de forma sustancial.

 

4.   CARTA DEL 91, GRAN GANADORA: si algo quedó claro en esta crisis alrededor del cuestionado proyecto de Reforma, es que la Constitución del 91 tiene un respaldo nacional sorprendente, pues aunque ha recibido alrededor de una treintena de reformas en 21 años, incluyendo un asunto de fondo como la reelección presidencial, ahora, cuando se le quiso aplicar una especie de ‘Contrarreforma’ a sus mandatos de depuración del Congreso y la política, todo el país cerró filas para rechazar ese retroceso, forzando a Gobierno, Congreso y al grueso de la cúpula judicial a echar reverso. Esta crisis resultó un plebiscito sin precedentes a favor de la Carta y es seguro que no será fácil que haya en el corto plazo otro nuevo intento para afectar su espíritu y vigencia absolutas.

 

5.    LOS INDIGNADOS, A LA COLOMBIANA: la desgastada tesis de que la opinión pública es muy pasiva y que, por lo mismo, “los políticos” pueden hacer lo que quieran, fue replicada en forma contundente en la última semana. Aunque no hubo grandes movilizaciones en las calles, las expresiones populares en contra de cualquier intento de impunidad para éstos y el apoyo expresado a referendos y revocatorias para anular la Reforma, fueron un mensaje contundente de que la tolerancia ciudadana tiene límites que no se pueden tocar, pues se corre el riesgo de despertar a un “gigante dormido”. Nunca como ahora un referendo anticorrupción tiene más ambiente entre la opinión pública, ya sea en el sentido derogatorio en contra de la Reforma, o de un referendo aprobatorio para hacer más fuerte los castigos o aplicar un verdadero y transparente ajuste judicial.

 

6.   EL PODER DE LA PRENSA:aquella vieja frase axiomática en torno a que los medios de comunicación son el “cuarto poder” quedó más que ratificada en medio de esta crisis. Fue la prensa la que puso al descubierto el rosario de “micos” en la Reforma, la que explicó el alcance casi macabro de muchos de sus artículos que Gobierno pero, sobre todo, Congreso trataban de explicar benévolamente, escondiendo los efectos nocivos que encerraban. Fueron los editorialistas, columnistas, analistas y el cubrimiento periodístico los que crearon conciencia ciudadana sobre la gravedad de lo aprobado y crearon bloques de presión que llevaron a que tanto la Casa de Nariño, primero, y luego el propio Congreso, que aprobó el cuestionado articulado, se vieran obligados a rectificar so pena de ser castigados políticamente.

 

7.   EL FACTOR REELECCIÓN:aunque se supone que la posibilidad de que Santos repita en la Casa de Nariño es un tema “congelado” este año, es claro que tiene una influencia tácita pero transversal en todo el escenario político. No pocos analistas consideran que Santos se fue lanza en ristre contra la reforma que aprobó su propia coalición y con la anuencia del ministro Esguerra, al ver el plebiscito nacional contra la misma y la forma en que esto afectaría la imagen y favorabilidad presidencial, y por ende la posibilidad de una reelección en 2014. Igual se cree que la coalición cobrará ‘venganza’ del Ejecutivo poniéndole trabas a un segundo periodo de Santos. Hasta el uribismo aprovechó la indignación nacional para apoyar una posible constituyente en la que, es seguro, buscaría viabilizar una nueva postulación del ex mandatario.

 

8.   LA CRISIS PARTIDISTA: por más que senadores y Representantes se cruzaran señalamientos y mea culpas, los grandes culpables de lo que pasó fueron los propios partidos, que demostraron una vez más, de un lado, que sus plataformas ideológicas y discursos anticorrupción no se reflejan en el accionar de los suyos en el Congreso y, de otra parte, que las colectividades tienen directivas muy débiles, incapaces de imponerse a la voluntad parlamentarista. La U, liberales y conservadores, todos con congresistas como jefes de Partido, fueron el motor de la aprobación de la cuestionada Reforma y metieron al Gobierno y a sí mismos en un lío muy grande. Salvo la petición de renuncia a Simón Gaviria, el resto de partidos no ha dado muestras de querer pagar el costo político por la crisis que crearon y luego se vieron obligados a solucionar.

 

9.   LOS MAYORES PERDEDORES: salvo la Carta, la opinión pública y la prensa, el resto de los actores en toda esta crisis son perdedores, en mayor o menor dimensión. El Congreso se lleva gran parte de la culpa, otra porción el Ejecutivo, así como la propia cúpula judicial. Una encuesta ayer así lo evidenció. En materia individual los perdedores más importantes fueron el ministro Esguerra (que renunció), Simón Gaviria (cuya permanencia en la jefatura liberal quedó en vilo y su imagen pública muy deteriorada), Juan Manuel Corzo (que como presidente del Senado y conciliador del polémico acto legislativo cerró accidentadamente una legislatura en donde siempre estuvo en el ojo del huracán) y varios congresistas que, a contraevidencia, insistían en defender lo indefensable… Y claro, al final, perdieron todos los congresistas y ex altos funcionarios  procesados por parapolítica y otros escándalos de corrupción que ya se veían fuera de las cárceles, o imposibles de ser juzgados y condenados.

 

10.  VACÍOS DETECTADOS Y PLEITOS AL POR MAYOR:quedó claro que tanto en el Reglamento Interno del Congreso como en la propia Carta Política hay un vacío respecto a cómo se tramitan los actos legislativos, quién los promulga, si hay lugar a objetarlos y qué debe hacer el Congreso en ese caso. Por lo mismo, por más que ayer se haya hundido la polémica Reforma, hay muchas demandas contra el Gobierno y los congresistas que, más temprano que tarde, desembocarán un nuevo capítulo en esta crisis institucional. Por más que el Presidente haya dicho que responde o que los congresistas aseguraran que no pueden ser procesados por toda su actuación en esta caso, o incluso por encima de la no menos polémica promesa del Fiscal General de que los parlamentarios no serían juzgados por votar las objeciones, lo cierto es que, al final, todo queda en manos del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, y, quién sabe, hasta de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes (si denuncian a Santos por objetar) o el propio Consejo Superior de la Judicatura, entes muy cuestionados que, por obra y gracia de los ‘micos’ parlamentarios, quedaron vivitos y coleando.

 

Por fin se hundió la reforma

 

No sin que antes los legisladores prosiguieran como la víspera tratando de defender lo indefendible, por fin ayer el Congreso le dio cristiana sepultura a la reforma judicial que había aprobado con bombos y platillos solo ocho días antes.

Ante la indignación nacional, el Gobierno objetó la reforma y ayer, en el segundo día de las sesiones extras aceptó los peros del Ejecutivo y archivó el acto legislativo por 73 votos afirmativos en Senado y 117 en Cámara.

El presidente Juan Manuel Santos agradeció “al Congreso y a todos lo que contribuyeron a que no se consumara ese hecho en materia de justicia”.

En todo caso, Santos lamentó que con la “tormenta” que se generó se esté opacando la buena labor del Congreso.

“Es una lástima que por esto que ha sucedido y que no ha debido suceder, se esté opacando, y ojalá no se opaque, la labor muy efectiva que se ha hecho en materia legislativa en las últimas dos legislaturas”, afirmó.

“Esto, infortunadamente ha opacado una labor de un Congreso que actúo durante toda esta legislatura y desde el comienzo del Gobierno, con gran efectividad. La legislatura que podemos presentarle al país y al mundo es una legislatura sin precedentes”, agregó.

El ministro del Interior, Federico Renjifo, también le agradeció al Congreso el archivo de la reforma.

“Aquí hubo un acto de la mayor importancia, con el mayor respeto. El Congreso debatió por dos días a fondo los instrumentos de objeción que el Gobierno Nacional presentó por primera vez. Me siento bien, creo que el Congreso respondió responsablemente y, obviamente, mi tarea de aquí al 20 de julio es fortalecer la Mesa de Unidad Nacional para que siga como tiene que operar, con la crítica y el respeto reflejados especialmente en estos dos días”, aseguró. 

El saliente ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, resaltó que “ni en Senado ni en Cámara hubo un solo voto en contra de la decisión que se tomó, decisión que permitió rechazar aquello que estuvo próximo a ser. Aquí está la respuesta que ha dado el Congreso de la República a ese trámite en cuya etapa final, por supuesto, no debió ser”.

La Misión de Observación Electoral (MOE), por intermedio de su directora Alejandra Barrios agradeció “a las organizaciones que nacionalmente se movilizaron para recoger las firmas a favor del referendo revocatorio de la Reforma a la Justicia, así como a todos los ciudadanos y ciudadanas que con sus firmas, voces y acciones, hicieron posible que el Congreso de la República entendiera que hay una ciudadanía vigilante de sus decisiones, y que considera inaceptable la adopción de medidas legislativas que retrocedan en las sanciones a las relaciones entre política e ilegalidad, así como de aquellas que no fortalezcan la lucha contra la corrupción”.

Para el representante Iván Cepeda, del Polo Democrático, el Presidente debe convocar a una mesa nacional de discusión de una nueva propuesta de reforma a la justicia, integrada por designados del Gobierno, y por la sociedad civil, representada en los promotores del movimiento prorreferendo, exmagistrados con hoja de vida ejemplar y destacados académicos.

“Se debe llegar a una nueva iniciativa hecha a medida de los ciudadanos, que aborde los principales problemas de la Justicia, que garantice el acceso democrático, la eficiencia y la eficacia de la misma, y que permita contrarrestar la criminalidad y la impunidad reinantes en nuestro país”, señaló.