¿Estarán los días contados para la acción impune de los corruptos?

La pregunta surge a raíz de unas palabras del presidente Juan Manuel Santos, pronunciadas el jueves durante la entrega de la medalla Enrique Low Murtra en Bogotá: “Quien quiera seguir viviendo de robar al Estado, es decir, a los colombianos, debe saber que sus días de provecho están contados y que hay una fuerza élite investigando sus acciones, para que sean sancionadas”.

La inquietud no busca tender un manto de duda sobre las intenciones del Ejecutivo de proceder por una parte con transparencia y por otra con mano dura frente a los infractores.

Lo que pasa es que las cifras no parecen mostrar que Colombia avanza por el camino de la pulcritud, sino por la ruta contraria.

Esta semana que termina, dos informes, el de Transparencia por Colombia y el de Barómetro de las Américas, revelaron que la imagen reflejada en el espejo no es tranquilizadora.

Transparencia

“Los escándalos de corrupción más desafiantes que ha enfrentado la sociedad y el Estado colombiano durante el último año, se reflejan en la baja calificación de Colombia en el IPC 2011 con un puntaje de 3,4 sobre 10, una décima menos que la reportada en la medición del 2010”, sostiene Transparencia.

“Por otra parte”, agrega, “el país descendió en el ranking general del IPC, al pasar de la posición 78 a 80 entre 183 países evaluados”.

“Con relación a los países del continente americano evaluados en el IPC 2011, la calificación nacional es menor a la de 13 países de la región, y a nivel suramericano Colombia está en el grupo de las calificaciones deficientes, sólo Chile, que obtuvo 7,2 , y Uruguay con 7,0 logran calificaciones aceptables”.

Para Elisabeth Ungar, directora Ejecutiva de Transparencia por Colombia, el estancamiento de Colombia en el IPC demuestra un panorama muy preocupante: “Si bien el Estatuto Anticorrupción y el Plan Nacional de Desarrollo son herramientas clave para combatir la corrupción, todavía hay un largo camino por recorrer: aún falta desarrollar el diseño de la política nacional y territorial anticorrupción, y hacer efectivos los ajustes institucionales, las investigaciones y las sanciones”.

El informe admite que “las tareas pendientes para enfrentar la corrupción en el sector público son complejas. Temas como la conformación meritocrática de las plantas de personal, las declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses de los servidores públicos, más la urgente reforma de la legislación y gestión del empleo público son pasos concretos hacia la integridad en las entidades del Estado”.

Ahora, “la visibilidad de casos como el ‘carrusel de la contratación’ a lo largo del país, la corrupción en el sector salud, el despilfarro de las regalías y la malversación de recursos destinados a atender a los damnificados de la ola invernal, han tenido un impacto negativo en la percepción de corrupción de la ciudadanía”, aunque podría señalarse, en gracia de discusión, que precisamente son los efectos de la persecución a los corruptos.

En todo caso, “como ya lo había advertido la Encuesta Nacional de Corrupción realizada por el Centro Nacional de Consultoría para la Revista Credencial”, reseñó el informe, el “94 por ciento de los encuestados consideró el problema de la corrupción como ‘grave’. Otras mediciones, como el III Panel de Opinión 2011 de Cifras y Conceptos, muestran la importancia de la problemática de la corrupción para los colombianos, así como los retos en la lucha contra la corrupción a nivel regional. Mientras que el 22 por ciento de los encuestados reconoció la lucha contra la corrupción como el más grande desafío político para el 2012, las calificaciones sobre la gestión de alcaldes y gobernadores sobre la corrupción no superan los 46 puntos sobre 100”.

Frente a este panorama, Transparencia le hizo “un llamado al Gobierno para que ponga en marcha la implementación del Estatuto Anticorrupción, se adopten las medidas necesarias para que la Reforma del Estado se acompañe de medidas eficaces por la transparencia y contra la corrupción, y se conforme de manera transparente de la Comisión Ciudadana Contra la Corrupción y la Comisión Nacional de Moralización contempladas en la misma Ley”.

Barómetro

El estudio de Barómetro dedica parte de un capítulo a analizar el “complejo fenómeno de la corrupción” y lo primero que encontró fue “que, al igual que en el tema de la seguridad, la preocupación de los colombianos con la corrupción creció notablemente entre 2010 y 2011”.

De acuerdo con Barómetro, “mientras que en el año anterior apenas un 4 por ciento mencionó este fenómeno como el problema más grave del país, en 2011 este porcentaje ascendió a 12 por ciento. Este porcentaje es de 20 por ciento en Bogotá. De hecho, la percepción de corrupción alcanzó en 2011 el nivel más alto desde que se realizan los estudios del Barómetro de las Américas, con 81 puntos en la escala de 0 a 100 de menor a mayor percepción de corrupción”.

“Estos resultados”, sostuvo el informe ejecutivo del estudio, “muestran consistencia con el hallazgo de que el porcentaje de personas que justifican el pago de sobornos en ciertas circunstancias bajó de 25 por ciento en 2009 a 19 por ciento en 2010 y a 15 por ciento en 2011. Este aumento de la intolerancia con la corrupción se confirma cuando se analizan situaciones hipotéticas que involucran pagos de sobornos en diferentes circunstancias. El porcentaje de personas que creen que los comportamientos descritos son corruptos y deberían ser castigados aumentó en la mayoría de las situaciones planteadas. Sin embargo, poco más de uno de cada diez encuestados dice haber sido personalmente víctima de alguna forma de corrupción, concretamente de haber sido objeto de una petición de mordida por parte de algún funcionario público. Esta proporción no ha variado en los últimos años”.