Ayer, en medio de una noticia que oscureció la celebración del día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, el Congreso de la República abrió sus puertas a más de 500 líderes de esta población provenientes de todo el país.

Se trató de un nuevo asesinato a un reclamante de tierras en el Urabá: Jesús Adrián Quinto, quien adelantaba procesos de restitución en Curvaradó y Jiguamiandó.

Durante la sesión extraordinaria del legislativo, este hecho no fue ajeno para varios de los asistentes. Gerardo Vega, de la fundación Forjando Futuros, que trabaja por la restitución de tierras en esta zona, dedicó su intervención a “solicitar de la comunidad internacional y del Congreso que se constituya una comisión permanente con presencia en la región de Urabá para evitar hechos como el que ocurrió hoy con Adrián Quinto”. Vega recordó que 69 reclamantes han sido asesinados desde 2008 hasta hoy, 18 de ellos en esta zona del país.

Por su parte, Carmen Palencia, también líder de tierras de Urabá, pidió un minuto de silencio por esta víctima y lamentó que se esté volviendo costumbre “que cada 9 de abril matan a un líder de tierras a las 7 de la mañana. Exigimos más garantías a la Unidad de Protección”.

Además, denunció un nuevo atentado en su contra en el municipio de Turbo, el mismo donde Quinto fue asesinado: “ese victimario puso una demanda y ahora están investigando a mis escoltas porque no me dejaron matar”.

El representante del Partido Liberal, Guillermo Rivera, también inició su intervención lamentando este asesinato y pidió un debate para “establecer cuánto invierte el Estado colombiano en cuidar a los campos petroleros, y cuánto invierte en cuidar a los líderes de víctimas”.

 

Cómo va la Ley

 

Un balance de la ejecución de la Ley 1448, de Víctimas y Restitución de Tierras, en sus dos años y medio de existencia, entregaron dos miembros de la comisión de seguimiento a esta norma.

El senador Luis Carlos Avellaneda, de la Alianza Verde y coordinador de ese grupo, entregó varias cifras para demostrar la lentitud en la aplicación de la Ley: aseguró que 353.000 víctimas han sido reparadas, “un promedio muy bajo para indemnizar daños”, y que el cumplimiento en materia de restitución es de apenas 0,05%.

Por su parte, Alfonso Castillo, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), denunció que “dos años después de la implementación, la atención prioritaria para las mujeres quedó en el papel”.

Vega también insistió en la denuncia que ha hecho en las últimas semanas, con respecto a la baja ejecución de la restitución: “Hace más de 12 años a las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó les vienen reconociendo los derechos sobre sus tierras. Sin embargo, no ha sido posible que el Estado les garantice ese derecho. El resultado es que en estos 2 años se ha devuelto el 1,7% de las tierras en el país”.

 

Propuestas de reforma

 

Ante estas cifras, surgieron varias ideas de cambios en la 1448 que buscan agilizar la restitución de tierras y lograr una reparación más efectiva.

Con respecto a la reparación administrativa, Carmenza Álvarez, de la Mesa Nacional de Víctimas, se manifestó en desacuerdo con el origen del dinero y con el monto de la indemnización. Por ello, propuso la creación de un impuesto a congresistas y multinacionales para esas indemnizaciones; y pidió que este mecanismo esté acompañado de “garantías reales de protección”. Además, propuso que la Ley extienda su vigencia de 10 años para que “quede abierta hasta que la última víctima sea reparada”.

El senador Avellaneda solicitó la elaboración de “una política clara en materia de reparación colectiva, y una de vivienda para las víctimas del conflicto”. Rivera fue más allá y lanzó una lista de posibles reformas. Una de ellas es la creación de una línea telefónica gratuita para que den a conocer las quejas de los funcionarios; esto porque “muchos personeros y funcionarios no han entendido la dimensión de la responsabilidad que tienen con ustedes”.

Además, para agilizar la restitución, propuso que “cuando no se presente oponente se pueda obviar el trámite judicial y a través de un trámite administrativo se pueda oficializar la restitución”.

 

Otras peticiones

 

Yanette Bautista, de la Fundación Nydia Érika Bautista, pidió para que la Comisión de la Verdad que eventualmente tenga lugar en Colombia, “no sea como la de El Salvador o Guatemala, donde no se mencionaron a los autores y se olvidaron a las víctimas”. En ese sentido, propuso “una subcomisión dentro de la que indague por la verdad de los desaparecidos. Los desaparecidos sí existen, están en nuestra carne y en nuestra voz”.

Alejandra Rodríguez, hija de Carlos Augusto Rodríguez, desaparecido del Palacio de Justicia, exigió al Estado el reconocimiento de crímenes de lesa humanidad por parte de varios de sus miembros para que “se impongan sanciones y demuestren así su voluntad de paz”.

Una queja generalizada de los líderes que intervinieron fue el ausentismo de los parlamentarios, que poco a poco fueron abandonando el recinto. Frases como “parece el día de la silla vacía”, o “gracias a los pocos que quedaron”, marcaron la jornada; a pesar de que el representante Rivera les pidió que se quedaran hasta que la última víctima interviniera. 

 

 

Llegaron desde todo el país

 

EL NUEVO SIGLOhabló con algunas de las víctimas que asistieron al Congreso sobre la importancia de esta tercera conmemoración del Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas.

Desde Valledupar, Maria Elena Nieto llegó vestida de novia, pues quiere “casarse con el país”. “Queremos sellar un pacto de amor y compromiso; hay que cumplir las leyes y hacerle seguimiento”, aseguró la representante de la Fundación Amor. Maria Helena se refirió a  su trabajo por los desaparecidos: “Mi hermano apareció 5 años y 9 meses después en un departamento muy lejano al nuestro. Me entregaron sus restos de una manera muy inhumana, en una bolsa de basura.  Hemos trabajado mucho para que a familias como la nuestra no les pasara lo mismo, y lo logramos”.

Rider Painas, del pueblo indígena Awá de Nariño, es una de las víctimas del desplazamiento forzado que ha vivido su resguardo. “La idea es hablar del proceso de caracterización que se viene llevando y la situación de desplazamiento y desapariciones que vivimos en nuestro territorio”, aseguró.

Pedro José Granados es desplazado de San Pablo, al sur de Bolívar, pero desde hace 15 años vive en Cundinamarca porque el conflicto no le ha permitido volver. Por eso llegó al Congreso con su organización Paz y Convivencia, a pedir “que nos devuelvan las tierras que perdimos, esto está muy lento”.

Desde Pasto llegó Carmen Guaqués con decenas de sus compañeras de Mujeres Colombianas por la Paz: “Estamos presentes hoy aquí porque queremos ya la paz, estamos cansadas de tanto derramamiento de sangre, tantas lágrimas. Nuestro sueño es acabar con las tristezas y con la guerra”.

 

 

Estado no puede reparar todas las víctimas de un día para otro: Santos

 

El presidente Juan Manuel Santos afirmó que el Estado no tiene capacidad de reparar a todas las víctimas de un día para otro, pero resaltó que se ha hecho un esfuerzo monumental.

“El Estado no tiene capacidad para atender a todas las víctimas al mismo tiempo”, declaró el jefe de Estado en una entrevista con Señal Radio Colombia, transmitida por veinte emisoras de diez departamentos del país, con ocasión del Día de las Víctimas.

El mandatario expresó que la reparación iniciada por su gobierno, único caso similar emprendido antes de terminar un conflicto, es fundamental para lograr esa paz estable y duradera que todos los colombianos anhelan.

“Se ha hecho un esfuerzo monumental institucional y financiero, un esfuerzo que el mundo entero reconoce”, dijo el presidente Santos y agregó que van más de 350.000 víctimas reparadas. Pero advirtió que no se puede reparar todos los casos “de un día para otro”.

“Esa es una cifra impresionante”, indicó y precisó que se han destinado más de 2,2 billones de pesos.

En cuanto a la restitución de tierras, manifestó que manifestó que “ya el esquema está funcionando, dando resultados y ya se ha restituido un número importante de hectáreas”.

 

 

Honrar la memoria de las víctimas: Bernal

 

Colombia conmemoró ayer el Día Nacional de las Víctimas, tras tres años de haber aprobado una ley que promueve la reparación a las personas afectadas por un conflicto armado de más de 50 años de antigüedad.

La jornada, que tan sólo en Bogotá incluyó foros de escucha a víctimas en el Congreso y otros escenarios, movilizaciones e incluso conciertos, tiene como objetivo "honrar la memoria de todas las víctimas del conflicto armado", dijo a la AFP Ana Teresa Bernal, Alta Consejera para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación de la capital colombiana.

Según ella, este día es también un momento para hacer un balance de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, aprobada en 2011, que contempla la reparación económica a las personas afectadas y su regreso a las tierras de donde habían sido desplazadas.

"Es un día muy importante para evaluar cómo va el desarrollo de la ley", añadió Bernal, aunque aún existen "muchos temas que corregir", aseguró.

De acuerdo con ella, "hay indemnizaciones y restitución de tierras a un ritmo absolutamente lento".

En Colombia, el conflicto armado en el que han participado guerrillas, paramilitares, fuerzas militares y bandas narcotraficantes, ha dejado 6 millones de afectados, de los cuales al menos 5 millones son desplazados, según el más reciente informe de derechos humanos de la ONU.

Las críticas no son pocas. El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, aseguró en un evento en Cali que "las voces de las víctimas que de manera democrática y organizada tienen una agenda que llevar, lamentablemente no son escuchadas".