En medio de la carrera contrarreloj que libra el Congreso para aprobar gran parte de la agenda de proyectos, tendrá que sacar tiempo mañana o a más tardar  el jueves la plenaria del Senado para votar nuevamente y subsanar el error de trámite en la conciliación del proyecto de ley de participación ciudadana, por lo cual la Corte Constitucional decidió ayer no estudiarlo y devolver esta iniciativa.

El alto Tribunal consideró que se produjo un error de trámite en la votación en la plenaria del Senado de la conciliación del proyecto de ley estatutaria N° 134/11 Cámara y 227/12 Senado al no haber sido mencionados por parte del Secretario los votos en contra de la iniciativa.

A pesar de que el Alto Tribunal le dio un mes de plazo al Congreso para que la plenaria del Senado realice una nueva votación de la conciliación de este proyecto de ley estatutaria, este trámite deberá realizarse antes del jueves cuando finaliza la legislatura, teniendo en cuenta que el Parlamento solo regresa a sesiones hasta el próximo 20 de julio para la última legislatura.

La ponencia de la iniciativa que entre otros flexibiliza algunos requisitos a los ciudadanos para tramitar la revocatoria de gobernadores y alcaldes fue votada ayer por los magistrados  de la Corte Constitucional reunidos en sala Plena, triunfando cinco por dos votos la propuesta de devolverla al Congreso para que subsane los vicios ya anotados.

La ponencia del magistrado Mauricio González no encontró ningún vicio de trámite en la discusión que le dio el Congreso a este proyecto ni que sus disposiciones fueran contrarias a la Carta Política, por lo que pidió declararla exequible, aunque solicitó que la Corte hiciera la salvedad de que la norma no se haga retroactiva a los ocho procesos de revocatoria de mandatos de alcaldes en diferentes regiones del país que ya superaron la etapa de revisión de firmas en la Registraduría, entra los cuales está el del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

El proyecto de ley sobre participación ciudadana fue radicado ante el Congreso en noviembre de 2011 por el entonces ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, con el objeto de promover, proteger y garantizar modalidades del derecho a participar en la vida política, administrativa, económica, social y cultural, y así mismo a controlar el poder político.

El proyecto regula la iniciativa popular y normativa ante las corporaciones públicas, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo abierto; y establece las normas fundamentales por las que se regirá la participación democrática de las organizaciones civiles.

Desde 1994 cuando fue reglamentado hasta hoy se han presentado 130 intentos de revocatoria de alcaldes, ninguno de los cuales ha prosperado y sólo ha habido dos iniciativas de revocatoria a gobernadores.

A fin de flexibilizar los requisitos para revocar el mandato a alcaldes y gobernadores, el proyecto de ley disminuye la cantidad de firmas ciudadanas necesarias para que se convoque a las urnas, al pasar del 40 al 30% del número de los votos obtenidos por el elegido.