Como lo había anticipado la semana pasada EL NUEVO SIGLO, los congresistas le echaron lupa a los proyectos recientemente tramitados porque podrían haber incurrido en el mismo vicio por el que se cayó la reforma al fuero militar: la simultaneidad.

Las primeras víctimas fueron las iniciativas de Código Penitenciario y extinción de dominio, que fueron devueltas por el presidente de la Comisión Primera del Senado, Juan Manuel Galán, del Partido Liberal.

Hoy la Comisión volverá a someter a votación los proyectos con el fin de subsanar la irregularidad.

Como se recordará, la reforma al fuero militar se cayó porque la Comisión Primera de la Cámara sesionó simultáneamente con la plenaria de la misma corporación.

El mismo ejercicio se está haciendo en todas las comisiones de ambas cámaras, por lo que no se descarta que en los próximos días ocurran más devoluciones.

La Secretaría del Senado ya pidió el reporte correspondiente a las comisiones de la cámara alta.

El senador Galán explicó que “de acuerdo con la interpretación que hizo la Corte en cuanto a la coincidencia de dos sesiones, la de comisión y plenaria, a pesar de que solo había apertura de registro y no de sesión, es mejor votar de nuevo los proyectos”.

Ahora la principal preocupación que ronda  entre senadores y representantes es el referendo por la paz que también será revisado. Claro que el ponente de esa iniciativa, el senador huilense Hernán Andrade, del Partido Conservador, le dijo a este Diario que él está seguro que no se incurrió  en ese vicio. Sin embargo, el senador antioqueño Juan Carlos Vélez, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), prendió las alarmas y señaló que en el trámite de esa ley, que ya fue conciliada en Senado, se habría cometido el mismo error y pese al afán del Gobierno por lograr su aprobación tendría que ser devuelto a la Comisión, lo que conllevaría a un retraso de por lo menos dos semanas en su trámite.

Para evitar decisiones contrarias al fallo de la Corte Constitucional, se hará la reapertura de la votación en las iniciativas, amparándose en la Ley Quinta, que es el reglamento del Congreso, que en el artículo 2 expresa que “la corrección formal de los procedimientos” tendría “por objeto subsanar los vicios de procedimiento que sean corregibles, en el entendido que así se garantiza no sólo la constitucionalidad del proceso de formación de las leyes, sino también los derechos de las mayorías y las minorías y el ordenado adelantamiento de las discusiones y votaciones”.