La agencia Moody's dijo el viernes que colocó bajo vigilancia la nota de la deuda de Argentina, y señaló que en caso de fracaso de las negociaciones entre el gobierno de Cristina Fernández y los fondos especulativos la deuda entraría en default.
NML Capital, Aurelius Management, Blue Angel y 15 inversores argentinos obtuvieron ante la justicia de Estados Unidos el reembolso en efectivo de 100% de lo adeudado, mientras la mayor parte de los acreedores de Argentina desde la crisis de 2001 admitieron una fuerte quita.
Buenos Aires intentó el 30 de junio pagar a estos últimos unos 569 millones de dólares, pero el desembolso fue bloqueado por un juez estadounidense que dio prioridad a los fondos especulativos (los que Argentina denomina "fondos buitre") que se negaron a reestructurar sus deudas.
Este no pago "constituye simplemente un default técnico, dado que Argentina dispone aún de 30 días de gracia para efectuar este pago", subrayó Moody's en un comunicado.
Pero un fracaso de las negociaciones entre este país y los fondos especulativos haría que "el reembolso de la deuda reestructurada sea ilegal, conduciendo de hecho a un cese de pagos".
La deuda argentina sometida a la legislación extranjera ya ha sido colocada por la agencia de calificación en la categoría Caa2, una nota reservada a los emisores de mediocre calidad que presentan un riesgo real de no reembolso.
En caso de estancamiento de las negociaciones podría ser nuevamente disminuida. En caso contrario, si se alcanza una solución, "Moody's reevaluaría la necesidad de establecer una distinción entre la capacidad de Argentina de reembolsar la deuda sometida a las leyes extranjeras y la que está sometida a la ley (argentina)".
Ambas partes se acusan mutuamente de bloquear las negociaciones. Una reunión de conciliación está prevista el 7 de julio.
El martes, la agencia Standard and Poor's amenazó con bajar a "default selectivo" la nota de la deuda de Argentina, al estimar que existe 50% de posibilidades de que la tercera economía de América Latina encuentre un terreno de entendimiento con sus acreedores antes del 30 de julio.