La Contraloría determinó un detrimento patrimonial de $40.648 millones de pesos por irregularidades en la ejecución de proyectos de vivienda rural para damnificados de la ola invernal de 2007 y 2008, financiados con recursos del Fondo Nacional de Regalías en Liquidación.

En una Actuación Especial de la CGR se establecieron hallazgos como concentración de  los proyectos de vivienda en pocos contratistas y obras inconclusas, abandonadas o con notorias deficiencias constructivas que hacen que se incumplan los parámetros establecidos en cuanto al concepto de vivienda digna.

Solamente en el departamento de  Córdoba la pérdida de recursos públicos asciende a la suma de $11.360 millones de pesos, ante la indolencia de los mandatarios locales responsables. 

La CGR analizó la información de las bases de datos aportadas por el DNP sobre 47 proyectos  de construcción de vivienda de interés social rural financiados con recurso del Fondo Nacional de Regalías en liquidación por un valor de $ 59.972 millones

La actuación especial permitió establecer  166 hallazgos administrativos, de los cuales 48 tienen connotación fiscal por la cuantía ya mencionada de $ 40.648 millones, 121 son de  incidencia disciplinaria y 46 incidencia penal, que serán trasladados a la autoridad competente.  Igualmente,  se formuló un hallazgo para indagación preliminar y 46 Funciones de Advertencia.

Concentración de Contratos

La auditoría efectuada evidenció concentración de proyectos en 5 contratistas a nivel nacional, los cuales en la mayoría de los casos dejaron los mismos con un avance inferior al 40%, a pesar de habérseles girado hasta el 80% del valor de los respectivos contratos.

La empresa COLIMAN presenta la mayor concentración de contratos contando con 18, en los departamentos de Bolívar, Casanare, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca por una cuantía de  $22.437 millones. Le siguen en su orden Corporación Vivienda Digna, con 12 contratos por un monto de $11.910 millones, y Funecol, con 10 contratos que suman $15.126 millones.

La Organización Popular de Vivienda Los Colores tiene obras inconclusas, abandonadas y con pólizas vencidas en 6 proyectos ubicados en los departamentos de Córdoba, Sucre y Atlántico, por un valor que asciende a $9.358 millones de pesos.

Los municipios más críticos en Córdoba son: Cotorra, Valencia, San Pelayo y Chimá.

La auditoría determinó que en Córdoba, en el municipio de Chimá, corregimientos de Arache, Corozalito, itio Viejo y Bocacatabre, en el proyecto para la construcción de vivienda de interés social rural   damnificados de la  ola invernal 2007 delContratista de obra CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES  COLINAM,  por la suma de $ 2.478.485.750, las viviendas tienen un alto grado de vulnerabilidad sísmica pues no se cumple con la norma Sismo Resistente Colombiana.

A pesar de haber iniciado obras el 21 de enero de 2009, a la fecha no se han culminado. Es más, el proyecto se encuentra suspendido desde el 1 de Junio de 2011 y las obras inconclusas y abandonadas, lo que  podría generar un presunto detrimento patrimonial equivalente a $ 1.018.992.000, al igual que un hallazgo disciplinario, fiscal y penal.

En el departamento del Atlántico, en el municipio de Baranoa, la auditoría de la Contraloría General encontró un alto grado de vulnerabilidad sísmica en un proyecto de  construcción  de  vivienda rural para 100 familias damnificadas de la ola invernal a cargo delcontratista de obra CORPORACIÓN VIVIENDA DIGNA, por un valor  de $1.739.150.000 

De acuerdo con el análisis que hizo la Auditoría las viviendas presentan deficiencias constructivas en cuanto a la calidad de los materiales, lo que puede generar un presunto detrimento patrimonial equivalente a  los recursos invertidos por valor de $1.008.050.719.

Se encontró también que las instalaciones eléctricas no incluyen red interna, incumpliendo requisitos mínimos de habitabilidad, comodidad y calidad. Para la Contraloría esta situación se presenta como consecuencia de la falta de planeación y estructuración del  proyecto por parte del oferente y una inadecuada viabilización técnica y económica por parte del Ministerio de Agricultura.

De lo expuesto se deduce que no se atienden los parámetros establecidos en cuanto al concepto de vivienda digna, comprendidos en la jurisprudencia de la Sentencia T-585 del 27 de julio de 2006 , con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra.

La auditoría evalúo las viviendas y evidenció  agrietamientos o fisuras en muros y estructuras, algunos de estos desplomados. En otras, el refuerzo se encuentra expuesto por falta de recubrimiento. Además, las unidades de mampostería utilizadas están rotas o deterioradas,  comprometiendo  gran parte  de las viviendas.

 Todos estos aspectos técnicos hacen que la habitabilidad de estos proyectos de interés social no cumpla con los requisitos de vivienda digna establecidos por la ley colombiana.