El Partido de los Trabajadores de la presidenta brasileña Dilma Rousseff y Lula volvió a quedar en el centro de acusaciones de corrupción tras el allanamiento de su sede en Sao Paulo y la detención de un exministro de ambos gobiernos.

Agentes policiales fueron desplegados en cinco estados de Brasil, en una operación vinculada al escándalo de corrupción en Petrobras, para cumplir 11 pedidos de prisión preventiva, 14 órdenes de conducción de involucrados ante la justicia y 40 allanamientos en busca de documentación y pruebas, informó la fiscalía de Sao Paulo.

Paulo Bernardo, exministro de Planificación de Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) y de Comunicaciones durante el primer mandato de Rousseff (2011-2015), fue apresado en Brasilia, como parte de las investigaciones para dilucidar "el pago de sobornos de más de 100 millones de reales (unos 30 millones de dólares) para diversos funcionarios públicos" entre 2010 y 2015, según dijo la fiscalía de Sao Paulo en un comunicado.

El ministerio de Planificación es acusado de haber formado parte de un esquema de sobornos pagados para asegurar la contratación de una firma de tecnología que pasaba "más del 70% de su facturación a otras empresas mediante la simulación de contratos y la emisión de notas fiscales falsas con el único objetivo de mantener funcionando el sistema" de desvío de fondos públicos.

Las autoridades estimaron en unos 7 millones de reales (2 millones de dólares) el dinero que recibió un estudio de abogados ligado a Bernardo, figura de peso en el golpeado PT y esposo de la senadora de esa fuerza Gleisi Hoffmann, una de las principales espadas políticas de Rousseff.

- El PT en la mira -

Otro exministro de Rousseff, en este caso de Seguridad Social, Carlos Gabas, fue intimado a declarar por el caso. La fiscalía señaló además que "quien definía los porcentajes a ser pagados era Joao Vaccari", extesorero del PT, actualmente en prisión en el marco del fraude a Petrobras.

El partido, asediado por la justicia desde hace un año y medio por el "Petrolao", calificó la requisa en su sede de "innecesaria y mediática".

"En medio de una sucesión de hechos y denuncias involucrando políticos y empresarios acusados de corrupción se montó una operación de distracción, en una nueva tentativa de criminalizar al PT", dijo en una nota pública.

El propio Lula ha estado bajo fuego por el caso.

En marzo fue conducido por la fuerza para responder por una denuncia de que se había beneficiado del fraude a Petrobras, y pocos días después la corte suprema le impidió asumir como jefe de Gabinete de Rousseff por considerar que se trataba de una maniobra para dotarlo de fueros y escapar al juez de primera instancia Sergio Moro, símbolo de la lucha contra la corrupción.

Rousseff, que lo había convocado para intentar salvar su gobierno, ahora lucha por sobrevivir tras ser suspendida por el Senado en mayo, mientras es juzgada por supuesta manipulación del presupuesto público.

La operación realizada esta jornada fue bautizada "Costo Brasil" y es una derivación de la llamada "Operación Lava Jato", que destapó un monumental fraude montado por una élite de empresarios de la construcción en connivencia con partidos políticos para garantizarse obras en Petrobras y desviar dinero del Estado.

El caso llevó a prisión a parte de la élite política y empresarial local, desangró al gobierno de Rousseff y le costó la renuncia de tres ministros al presidente interino Michel Temer, que asumió la jefatura del Estado hasta que se defina el impeachment.

En las últimas semanas, las ráfagas de denuncias generadas por el escándalo en la estatal Petrobras, que pasó a pérdida más de 2.000 millones de dólares por este caso, se habían concentrado en el PMDB, la fuerza de centro-derecha que conduce Temer y que estuvo aliada al PT en las últimas dos elecciones antes de romper y apoyar la destitución de Rousseff.

La revelación de audios tomados secretamente por un delator del "Petrolao" que colabora con la justicia eyectó del gobierno de Temer al senador Romero Jucá, que fue brevemente ministro de Planificación; a Henrique Alves, de Turismo, y a Fabiano Silvera, de Transparencia, todos salpicados por el escándalo.

También fue involucrado el presidente del Senado Renán Calheiros, el expresidente José Sarney y hasta surgieron señalamientos contra el propio Temer, aunque en este caso no derivaron en pedidos formales de la justicia.

De acuerdo con la Constitución brasileña, el presidente no puede ser juzgado por delitos previos a su asunción del cargo.