Las detenciones preventivas sin pruebas contundentes le cuestan al país más de 200 billones de pesos, afirmó ayer el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, durante una citación de la Comisión Primera del Senado respecto al hacinamiento carcelario.

Según Otálora, cuando los ciudadanos demuestran que no hay sustento legal para estar tras las rejas y logran su  libertad, demandan al Estado, razón por la cual les recordó a los jueces y fiscales del país que la “detención es la excepción y no la regla; se puede asumir la libertad bajo fianza”.

Asimismo, el Defensor del Pueblo aseguró que “lamentablemente todo lo queremos solucionar con el imputado en la cárcel” y agregó, finalmente, que “de crear el Congreso más delitos se podría seguir con el problema de hacinamiento carcelario”.