El reto del Código Penitenciario, que afrontará esta semana su último debate en el Congreso, es lograr que los jueces utilicen la detención preventiva como última instancia, manifestó el presidente de la Comisión Primera del Senado, Juan Manuel Galán, del Partido Liberal.

Galán sostuvo en diálogo con EL NUEVO SIGLO que esa iniciativa “lo que busca es compilar en una sola norma toda la legislación que hay frente al tema del régimen penitenciario, busca promover el deshacinamiento, busca reducir el hecho de que la medida de aseguramiento se haya convertido en la regla y no en el excepción”.

El Código Penitenciario tendrá su último debate en plenaria del Senado y de ser aprobado pasaría a conciliación  y luego a sanción presidencial. Sobre este tema fueron consultados varios legisladores conocedores del tema carcelario y penitenciario.

El senador Galán dijo que el proyecto también pretende la construcción de nueva infraestructura carcelaria, ya que “se quiere facilitar la construcción de cárceles para deshacinar los recintos de reclusión y mejorar las condiciones de vida”.

Señaló Galán que el otro tema que se quiere es mejorar el régimen de salud y la prestación de este servicio para los reclusos.

“El tema de Caprecón no ha funcionado y lo que se requiere es que haya una prestación directa por parte de los establecimientos de salud a la población carcelaria”, manifestó.

Según el senador Galán, se quiere que los recursos sean transferidos directamente a los hospitales o las IPS encargadas en prestar el servicio a los presos, “por medio de un régimen especial de cotización”.

Es inminente que se apruebe en la plenaria del Senado ya que existe un buen ambiente para su aprobación, debido a la importancia que tiene, consideró Galán.

El exministro de Justicia, Parmenio Cuellar, senador del Polo Democrático, consideró que el Código no va aportar absolutamente nada para resolver el problema que tiene el país: “Es un proyecto que evade la problemática carcelaria. Se va por la vía fácil de tratar de descongestionar con las medidas de prerrogativas”.

Cuellar indicó que se cometen errores. “Hacen una reforma que toca todos los códigos, el código penitenciario, reformando el código penal y el código de procedimiento penal. Este es un proyecto que evade la realidad”, aseguró el legislador.

En sentido similar se pronunció el senador Edgar Espíndola, de Opción Ciudadana (antes Partido de Integración Nacional (PIN), para quien “el Código no avanza significativamente en un tema coyuntural, que es el hecho de que se cumpla una sanción social, pero además que se pueda fortalecer los valores de la persona que cometió alguna irregularidad”.

Espíndola consideró que lo más importante es que exista un proceso de rehabilitación, reincorporación de ese ser humano al hogar y a la sociedad.

“Vamos a hacer una proposición para que avancemos en un proceso, que la cárcel sea una universidad de valores y de formación de los seres humanos”, sostuvo Espíndola, anotando que actualmente lo que ocurre es que los presos salen con resentimiento y con mayores conflictos espirituales.

El senador Espíndola añadió que el Estado tiene la oportunidad en el Código de hablar de pagar las penas en zonas semiabiertas, “como pasa en muchos países del mundo que permiten que la persona vaya y trabaje y en la noche venga a cumplir su condena”.

Otro tema que se debe valorar y que Espíndola propondrá en la plenaria del Senado, es que la manilla electrónica sea utilizada adecuadamente: “Hoy al Estado colombiano le vale más un interno en una cárcel colombiana, que un universitario”.