En 180 mil niños, jóvenes y adultos frente al cierre de 2010 se desinfló la matrícula en educación preescolar, básica y media, luego de unproceso de depuración de la información de matrícula realizada por las 94 secretarías de Educación certificadas en el país.
Así lo informó la ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo, quien destacó que las entidades territoriales que realizaron mayores depuraciones de estudiantes en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) fueron: Cesar, Bolívar, Córdoba, Magdalena y Buenaventura. Adicionalmente, en Bogotá, que cuenta con su propio sistema de reporte de matrícula diferente al Simat, el número de niños matriculados disminuyó en más de 20.000 estudiantes
Algunas de las causas por las que las Secretarías de Educación depuraron la información tienen que ver con dobles registros, niños inexistentes y niños prematriculados que no llegaron a las instituciones educativas.
El pasado sábado 27, en el Acuerdo para la Prosperidad realizado en San Juan de Rio Seco (Cundinamarca), el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, se refirió al tema y a cómo, luego de anunciar a mediados de este año que en 2012 se realizarían auditorías a las 94 Secretarías de Educación certificadas, el número de niños, jóvenes y adultos reportados al SIMAT comenzó a disminuir gradualmente. "¿Qué comenzó a suceder? Empezaron a llegar -por obra y gracia del Espíritu Santo- unas rectificaciones, por lo que desaparecieron un poco de 'niños fantasma' y empezó a bajar el número de niños que estaban siendo declarados como asistentes a las escuelas o a los colegios", señaló en esa ocasión.
La Ministra de Educación destacó que con esta depuración del reporte de matrícula se logra hacer más transparente y confiable la información de matrícula de quiénes son realmente atendidos en los colegios públicos. Asimismo, afirmó, que con esto se garantiza la protección de los recursos porque, para el próximo año, a las entidades territoriales que hicieron este proceso de depuración se les girarán aproximadamente $200.000 millones menos, recursos que serán invertidos en programas que beneficien a la población estudiantil realmente atendida.