La interceptación ilegal de llamadas y correos electrónicos de la exalcaldesa designada Clara López Obregón habría sido ordenada por los funcionarios.

Suspendidos disciplinariamente con destitución e inhabilidad general quedaron tres fiscales Delegados ante los Jueces Penales luego de que fueran hallados responsables de haber ordenado interceptar las comunicaciones a la entonces Secretaria de Gobierno de Bogotá y posteriormente alcaldesa designada, Clara López Obregón.

“Los Fiscales obraron con pleno conocimiento y voluntad en el despliegue de las conductas reprochadas, si se tiene en cuenta que a los funcionarios disciplinados les bastó lo afirmado por la Policía Judicial para proceder a acceder a dichas solicitudes, cuando de acuerdo con las notas encontradas en el combate que dio origen al caso, se trataba de simples números y correos que nada serio reflejaban y por tanto, para evitar la vulneración de los derechos a la intimidad y a la dignidad, tenía por lo menos que haberse llevado a cabo diligencias orientadas a obtener los nombres de los propietarios de dichas líneas y correos”, dice la sentencia.

“Lo que se pretendió fue conocer las actividades de toda clase de personas: estudiantes, políticos, sindicalistas, etc, para entonces, ahí sí, judicializarlos, cuando dada su condición de Fiscales, todo lo contrario tenían que haber hecho, sin olvidar que la investigación se orientaba según los hechos sucedidos el 28 de noviembre de 2005 en el enfrentamiento sostenido entre insurgentes y las Fuerzas Militares”, afirmó la Judicatura.