Por irregularidades en el proceso contractual adelantado para la adquisición de kits y textos escolares par parte de la administración del municipio de Chiriguaná (departamento de Cesar), la Procuraduría General de la Nación en fallo de única instancia destituyó e inhabilitó por 15 años para ocupar cargos públicos a Yensi Alfonso Acosta, quien en la actualidad funge como representante a la Cámara por este departamento. Contra este fallo cabe el recurso de reposición.

Por el mismo hecho el Ministerio Público cobijó con igual sanción a Ramón Arturo Díaz Corzo, en su calidad de alcalde de Chiriguaná.
El citado proceso contractual para la dotación de kits y textos escolares para las instituciones y centros oficiales de Chiriguaná se adelantó y se adjudicó mediante licitación pública en el año 2008, con base en unos estudios previos de mercado deficientes con respecto al valor de los morrales, elemento que integra los kits, “porque los mismos no se ajustaron a la realidad del mercado nacional”, explica la Procuraduría General.
El informe señala que cada morral adquirido excedió en su precio en $31.114. En  consecuencia, el sobrecosto en la adquisición de los 8.073 morrales supera los 251 millones de pesos.

Agrega el Ministerio Público que la adquisición de los morrales en las condiciones ya descritas permitió que el contratista incrementara injustificadamente su patrimonio.
Frente a la responsabilidad disciplinaria del señor Yensi Alfonso Acosta, la Procuraduría concluyó que el entonces servidor realizó los estudios de mercado de manera deficiente sin consultar las condiciones del mercado, lo que generó la compra de los morrales en condiciones de evidente sobreprecio.

De confirmarse este fallo, Acosta sería el cuarto integrante del actual Congreso que es destituido pues esta suerte la corrieron anteriormente la senadora Piedad Córdoba por colaborar con las Farc, según la Procuraduría; el representante a la Cámara por Risaralda, Noel Valencia, al considerar el Consejo de Estado que estaba inhabilitado porque su esposa es alcaldesa del municipio de Dosquebradas; y la senadora Amparo Arbeláez por irregularidades cuando se desempeñó como gobernadora del Quindío.