Por el presunto detrimento patrimonial por más de 7 mil millones de pesos, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos por término de 11 años, al gobernador de Caquetá, Víctor Isidro Ramírez Loaiza. 

Según la investigación del Ministerio Público, el mandatario regional suscribió un contrato, por la suma en mención, con la ONG Assistance International para realizar una serie de brigadas de salud en el departamento. Sin embargo, dicha ONG no tenía la capacidad para llevar a cabo las jornadas.

Cabe recordar que a finales de 2013, cuatro personas fueron capturadas por este escándalo, entre ellas el secretario de Salud Departamental, William Ramón Montoya y el secretario de Gobierno, Luis Eduardo Campo (quienes son sancionados también por la Procuraduría).

La Fiscalía en su momento abrió la investigación contra estos sujetos por la presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación, en concurso por prevaricato por acción y omisión.