Mediante fallo de única instancia, la Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 20 años para el ejercicio de cargos públicos al ex representante a la Cámara Alfonso Riaño Castillo, tras encontrarlo responsable de promover y colaborar con grupos paramilitares durante el periodo constitucional 2006-2010.

Señala el Ministerio Público que el sancionado ocupó una curul en la Cámara de Representantes gracias al apoyo que los paramilitares con dominio en el departamento de Santander le dieron a su campaña política, por cuanto desde antes de ejercer su cargo, el señor Riaño Castillo mantuvo relaciones con miembros de la organización ilegal y mantuvo este vínculo durante su permanencia en el Congreso.  

Está demostrado que el señor Alfonso Riaño Castillo y varios líderes paramilitares que integraban el Bloque Magdalena Medio sostuvieron “una relación personal motivada en los intereses particulares que cada uno de ellos perseguía, lo que se sustenta en los diversos encuentros y reuniones en los que participaron, así como la época y el contexto dentro de los que esas reuniones tuvieron lugar”.

Un exconcejal del municipio de Carmen de Chucurí (Santander) manifestó que conoció el proceso político adelantado por las AUC en el Magdalena Medio y entregó información sobre varias reuniones a las que asistió Riaño Castillo y en las que estuvo presente “Ernesto Báez”.

Concluye el Ministerio Público que “el disciplinado desplegó esa conducta conociendo plenamente el carácter ilícito de su comportamiento. Recibió favorecimientos económicos y electorales de una organización que delinque, cuyos cabecillas se encuentran recluidos por ese mismo motivo y sometidos a un proceso de negociación, comprometiéndose en contraprestación sus pretensiones, para lo que debía valerse de su investidura de congresista.