Por hechos relacionados con varios contratos suscritos para conjurar la crisis invernal en ese departamento, la Procuraduría destituyó e inhabilitó a Joaco Berrío (18 años) y a Libardo Simancas (12 años).

En el caso de Simancas, el Ministerio Público estableció que en el marco de la urgencia manifiesta decretada mediante decretos expedidos el 28 de junio y el 13 de diciembre de 2007, suscribió seis contratos con una fundación y con una cooperativa para proveer de mercados, elementos de aseo y medicamentos (entre otros) a la población, a pesar de que éstas no eran idóneas.

De igual forma, se encontró que Simancas no utilizó en debida forma la contratación de urgencia, por cuanto un mes después de declarada la urgencia manifiesta y sin tener un contrato escrito, adquirió a través de una fundación varios medicamentos, suero antiofídico y otros insumos  por 556 millones de pesos para atender a la población afectada por el fenómeno invernal.

Con relación a  Berrío, gobernador del departamento de Bolívar para el periodo 2008-2011 (suspendido del cargo por la Procuraduría en el mes de agosto de 2009),  el Ministerio Público concluyó que éste  participó en el trámite de ejecución de los seis contratos suscritos por Simancas y no adoptó las medidas para que estos contratos cumplieran su finalidad.

El entonces mandatario Berrío, aludiendo razones legales y formales  en los contratos que tenía el deber de superar, prefirió sacrificar el interés de la comunidad bolivarense que lo eligió gobernador y, debiendo hacerlo, se abstuvo de entregar las ayudas.

En investigaciones del Ministerio Público, se estableció que el exmandatario no acató las solicitudes y órdenes que le impartieron los organismos de control, el Invima y el juez administrativo para que adelantara la entrega de las ayudas y pese a ello, no lo hizo. Como consecuencia de esta conducta el Invima tuvo que incinerar las ayudas humanitarias.