La Procuraduría General de la Nación dictó, en primera instancia, destitución e inhabilidad por diez años al subteniente Luis Alexander Vargas y el patrullero Yender Heriberto Jaimes Valenciados, miembros de la Policía Nacional, quienes torturaron en Bogotá a una ciudadana en 2003.

De acuerdo con la investigación disciplinaria, los Policías, quienes hicieron presencia en las instalaciones de un parque recreativo de la ciudad para atender las denuncias presentadas por robo de dinero, realizaron actos irregularidades, arbitrarios y dañosos en contra de una mujer con la intención de conocer el paradero del dinero.

El dictamen de medicina legal evidenció violencia en contra de la ciudadana como erosiones en la piel y lesiones en la muñeca, adicionalmente, la víctima denunció amenazas psicológicas como amenazas contra su vida y la de su familia.

El órgano de control puntualizó que los servidores públicos incurrieron en una conducta considerada como gravísima al "infligir a una persona dolores o sufrimientos físicos o psíquicos con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión”.