En decisión de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Regional Santander, destituyó e inhabilitó por el término de 18 años al señor Orlando Rodríguez Villar; y por 10 años al señor Carlos Alirio Anaya Barajas, quienes se desempeñaron como alcaldes del municipio de San Gil (Santander) para la época de los hechos.

La investigación adelantada en primera instancia por la Procuraduría Provincial de San Gil demostró que el exmandatario Rodríguez Villar suscribió cinco contratos por un valor aproximado de $161.270.728 a nombre del municipio de San Gil, en los cuales inobservó las labores de vigilancia inherentes a la etapa precontractual.

Respecto al señor Anaya Barajas, el órgano de control le reprochó el haber firmado un contrato por la suma de $399.993.891 para el mejoramiento de la red vial terciaria de San Gil, en el cual incumplió el deber de selección objetiva del contratista y los principios de publicidad y transparencia.

Las faltas cometidas por los disciplinados se resumen en: omitir la realización de la invitación pública a presentar propuestas, permitir a los interesados las observaciones a los términos de referencia, cambiar la hora de apertura de los sobres de las ofertas y escoger a oferentes que no acreditaban idoneidad ni experiencia para la ejecución del objeto contractual.

Por considerar que los disciplinados actuaron con negligencia al incumplir los requisitos necesarios para la celebración de los mencionados contratos, la Procuraduría calificó sus conductas como gravísimas y graves cometidas con culpa gravísima y grave.